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02/06/2011
A tres años de vigencia de la ley de responsabilidad juvenil
La siguiente columna de opinión, escrita por el Defensor Regional de Antofagasta fue publicada ayer en el diario El Mercurio de esa ciudad.
La Defensoría Penal Pública, a través de la Unidad de Defensa Penal Juvenil y con la colaboración del Fondo de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), entregó información respecto del comportamiento del sistema de justicia penal juvenil tras los tres primeros años de vigencia de la ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), donde 94 mil 30 adolescentes recibieron defensa penal pública.
Desde el 8 de junio del 2007 se pone en marcha la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y con ello se crea por primera vez en Chile un sistema penal para las personas mayores de 14 y menores de 18 años.
La LRPA consiste en que de acuerdo con la condición de derecho de cada individuo, se hará penalmente responsable por los delitos que eventualmente cometiera, a través de un sistema de justicia especializado que considerara las particularidades propias del joven como persona en desarrollo y con particular énfasis en la reinserción social.
A pesar de que las cifras arrojadas tras los tres años de vigencia de la LRPA son reveladoras de un sistema que no ha logrado instalar e irradiar la especialización de la justicia juvenil frente a las lógicas político-criminales e institucionales del mundo adulto, hay esfuerzos localizados por capacitar mejor a los intervinientes o crear formas de operación de los tribunales más funcionales a una justicia penal especial, para asegurar el adecuado ejercicio de los derechos de los adolescentes infractores de la ley en la fase ejecutoria de la pena.
Según los indicadores del análisis realizado durante estos tres años de la puesta en marcha de LRPA, se confirma que la mayoría de los imputados adolescentes lo son por delitos contra la propiedad, encabezando el listado el hurto simple con un 19,5 por ciento, el robo con intimidación (8,1 por ciento) y el robo por sorpresa (6,4%).
Por Pedro Casanueva Werlinger, Defensor Regional de Antofagasta.
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