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Columna: Confianza en las instituciones

01/01/2007

Columna: Confianza en las instituciones

Columna del Defensor Regional de Antofagasta, Pedro Casanueva, Werlinger publicada en El Mercurio de Antofagasta el día 26 de diciembre de 2006.

Como ahora, cada cierto tiempo algunas instituciones como la Fundación Paz Ciudadana, entregan estadísticas sobre comisión de determinados delitos y sobre sentimientos de temor en la población. Adicionalmente a ello, los encuestadores llaman a la ciudadanía a calificar a las instituciones, destinando para ello notas como las del colegio.

En este contexto, no resulta novedoso que la comunidad vea en estos estudios la oportunidad de expresar su sensación de inseguridad y alegar porque la supuesta criminalidad gana terreno. Ya nada de eso es nuevo, menos si cada día gran parte de los informativos y extensas páginas de diarios, reproducen el malestar ciudadano y conminan a la autoprotección. Sin embargo, sí resulta interesante ver que esos estudios no reflejan datos sobre los llamados delitos de cuello blanco o criminalidad económica. Al contrario, en ellas sólo aparecen los delitos que el sistema penal comúnmente procesa, la mayoría cometidos por sujetos débiles en el plano económico y social.

Frente a estos antecedentes, el desafío de la criminalidad excede la vieja mirada de la cuestión penal sólo centrada en el autor y nos llama a profundizar en explicaciones sobre este comportamiento humano. El delito, es un fenómeno cuyo sentido sólo puede comprenderse en el marco de las transformaciones económicas y culturales de los últimos años.

Además, más allá de las cifras de moda y de las voces que claman por el constante endurecimiento de las penas, lo importante y esencial es incrementar la confianza en el ordenamiento jurídico y en las instituciones llamadas a participar en el proceso penal. Se debe confiar en el Ministerio Público en cuanto organismo llamado a investigar hechos eventualmente punibles, con rigurosidad y apego al principio de transparencia y objetividad. Confiar en la Defensoría Penal Pública, que despliega a diario sus esfuerzos por garantizar a todos, cualquiera sea su condición, una asesoría letrada de calidad. Y, por supuesto, confiar en los jueces, quienes son llamados a asumir necesariamente una actitud contra mayoría, muchas veces contra un sentimiento quizás visceral y morboso que poco tiene que ver con la justicia. Los jueces deben dar la espalda al grito de la calle y volver su mirada al derecho, a los principios del derecho penal y, evidentemente, juzgar sólo en el momento del juicio propiamente tal.

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