Sala de Prensa

25/07/2011

Interceptaciones a parlamentarios

La siguiente carta al director, escrita por el Defensor Regional Metropolitano Norte, fue publicada el pasado sábado 23 de julio por el diario El Mercurio.

Señor director:

Si bien aún no se ha constatado la veracidad de la denuncia sobre interceptaciones telefónicas de parlamentarios, la polémica se desata porque desde el momento en que existen instituciones del Estado equipadas para violar las comunicaciones privadas de la gente, el riesgo de que estas ilegalidades se produzcan se torna una posibilidad latente.

Por eso es que universalmente se considera que lo más seguro para proteger a la sociedad de estos abusos son los controles cruzados, tal como lo ordena la ley chilena. Ésta establece que para interceptar comunicaciones debe haber un motivo justificado, por lo que si un fiscal considera relevante para su investigación grabar las llamadas telefónicas de un ciudadano, no basta con su sola decisión.

El primer control cruzado es que debe solicitar autorización al tribunal, al que debe convencer que existen sospechas fundadas acerca de la participación de la persona en un delito claramente determinado. El juez definirá quién será el afectado, por cuánto tiempo estará sujeto a esta vigilancia y respecto de qué interlocutores. Porque, por ejemplo, está prohibido interceptar las conversaciones con su abogado, por la evidente violación al derecho de defensa.

Por su parte, la policía -a quien se le encomendará el requerimiento- lo ejecutará con la necesaria colaboración de las empresas telefónicas y de comunicaciones que correspondan. Este es otro control cruzado muy importante, ya que esas compañías velarán por los derechos de sus clientes, de modo que las interceptaciones no excedan el marco definido por el tribunal.

Como se aprecia, nada de esto es posible si una institución interesada en conocer las comunicaciones privadas de alguien cuenta, además, con los equipos y el personal para hacerlo por ella misma. Para más de algún funcionario el fin justifica los medios, y si a eso le sumamos el secretismo que se da al interior de muchas instituciones, resulta una situación como la que vivimos hoy: una gravísima denuncia no probada, pero que podría ser cierta.

Leonardo Moreno Holman, Defensor Regional Metropolitano Norte.

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