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Defensor Regional de Aysén: "Al defender los derechos de los imputados defendemos los derechos de todas las personas"

27/07/2011

Defensor Regional de Aysén: "Al defender los derechos de los imputados defendemos los derechos de todas las personas"

En entrevista con el diario El Divisadero, Juan Carlos Rebolledo se refirió a la misión de la Defensoría Penal Pública y al trabajo que desarrollan sus abogados.

La importancia de la rehabilitación en las cárceles, las condiciones para una reinserción efectiva y el trabajo que la Defensoría Penal Pública realiza en la Región de Aysén fueron algunos de los principales temas abordados durante una entrevista al Defensor Regional, Juan Carlos Rebolledo, publicada hoy por el diario El Divisadero. A continuación, un extracto de la nota: ¿Cuál es la misión de la Defensoría? Nuestra misión es entregar defensa penal de calidad a quienes son imputados de falta, crimen o simple delito y que no tengan abogado. La nuestra, a veces, es una misión ingrata, en cuanto a que la gente le cuesta comprender que al defender los derechos de los imputados, estamos defiendo los derechos de todas las personas, porque cualquiera puede verse envuelto en una situación compleja en calidad de imputado. Con las personas condenadas y privadas de libertad nuestra obligación es visitarlos una vez al año para controlar su situación. Sin embargo, en otras regiones del país la Defensoría está poniendo en marcha un plan piloto de defensa penitenciaria.

¿Nuestra región no es piloto para esa iniciativa? No. Pero en nuestra región estamos comenzando a articular un esfuerzo propio y regionalizado, que en una primera etapa buscará la asistencia de algunos condenados con reforma, en la medida que lo requieran y que sea posible atender. Respecto de las condiciones de vida de los privados de libertad, también por esfuerzo propio hemos buscado alianzas con Gendarmería, con el Consejo de Cultura, con el Serplac y con otras instituciones, para tratar de colaborar con la reinserción a través de talleres y actividades que recuerden a los internos que son personas y que pueden aspirar a un futuro mejor si se comprometen a no volver a delinquir.

En su opinión, ¿cuáles serían los factores que determinan la aparición de conductas delictivas en nuestra región? Entre los factores más observados que impulsan a la persona a cometer delitos se encuentran los temas de carácter o personalidad referidos a la falta de control de impulso, manejo inadecuado de las adicciones y control de situaciones de tensión que explotan en ira. Otros de los factores son los referidos a la existencia de grupos de pares inadecuados (en el caso de los adolescentes, principalmente) y el comportamiento de masas; factores de carácter económico, imitación de conductas; exclusión y estigmatización social y malas condiciones de encierro en los penales, entre otras.

¿Se puede hacer un perfil de las personas privadas de libertad en Chile y en la región? La verdad es que no hay gran diferencia entre la realidad regional o nacional. Ya lo he mencionado antes, pero es importante destacar que el promedio de edad de la población penal en Chile y en la Región de Aysén ronda los 27 años. Es decir, es gente joven, la mayoría con hijos pequeños. La condena promedio de los presos es de seis a siete años. La gran mayoría son hombres con una escolaridad baja, que ni siquiera alcanza a enseñanza básica completa. Aquí podemos imaginarnos que sus posibilidades labores son escasas y mal remuneradas. Ocho de cada diez presos son, a su vez, hijos de presos y esto parece ser un círculo que se continúa repitiendo. Aquí quiero destacar que en una iniciativa que lideramos junto con Serplac, en nuestra región el programa “Abriendo Caminos” -del Serpaj- está trabajando con estos niños y adolescentes para tratar de cortar este círculo vicioso.

Usted ha señalado que para aumentar la paz social hay que destinar más recursos para quienes están en prisión cumpliendo una condena. ¿En qué basa esta aseveración? Por mucho tiempo, por décadas, la gente en prisión ha sido olvidada por la sociedad. Pero lo que la sociedad olvida también es que la gran mayoría de esas personas, pasados unos meses o años, va a salir en libertad y a convivir con todos nosotros. Y si a su salida no están rehabilitados, no podrán reinsertarse en la sociedad y seguirán cometiendo delitos, probablemente de mayor impacto social, porque en la cárcel han aprendido cómo hacerlo o han incubado aún mayor rencor contra una sociedad que los margina y los olvida. Aumentar la seguridad ciudadana necesita una mirada amplia, que también involucre a los postergados de siempre, es decir, a los condenados y también a los imputados. Por otra parte, programar y llevar a cabo planes de reinserción eficientes en nuestras cárceles requiere de muchos recursos, muchos más de los que actualmente dispone Gendarmería.

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