Sala de Prensa

28/07/2011

Defensoría Regional de Atacama realizó su duodécima clínica jurídica

Con la presencia de los defensores institucionales y licitados de la Tercera Región se dio lugar a esta actividad, que permite a los abogados de la DPP debatir los alcances jurídicos de la misión institucional.

“Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado, si no nombrase uno en su oportunidad establecida en la ley”, dispone la Ley N° 20.516, que se publicó el pasado 11 de julio y que reformó la Constitución Política en su artículo 19 N° 3, estableciendo la obligación de otorgar asesoría y defensa jurídica a las víctimas de delitos que no pueden procurárselas por sí mismas.

Con este tema de fondo, los defensores institucionales y licitados adscritos a la Defensoría Regional de Atacama se reunieron recientemente en una nueva clínica jurídica, espacio de debate en que el jefe de Estudios, Julio Morales Neyra, explicó a todos que “se debe aplicar de manera inmediata la modificación a la Constitución y les pido estar atentos durante los controles de detención en aquellos casos en que sea procedente reclamar por el atropello a este derecho y lo mismo estar vigilantes para solicitar las exclusiones de pruebas que correspondan”.

Morales trató también el tema de la inconstitucionalidad del inciso 2° del artículo 91 del Código Procesal Penal, por resultar contradictorio con la norma constitucional, ya que lo correcto es que “para renunciar al derecho a guardar silencio y declarar, el imputado debe previamente contar con la asesoría del defensor en forma irrenunciable”, recalcó.

El asesor jurídico, Raúl Palma Olivares, abordó el tema de la justicia militar y la reforma a la Ley N° 20.477, contexto en que trató los siguientes temas: principio de exclusión de juzgamiento de civiles, principio de exclusión de menores de edad, principio de competencias y contiendas, competencia extraterritorial, coautoría y coparticipación, efecto sobre leyes especiales, tribunal predeterminado por la ley, reglas transitorias, objetivos no cumplidos y problemas pendientes de la reforma.

Al finalizar las exposiciones, junto con tratar algunos casos, los asistentes sostuvieron un debate que permitió un enriquecedor intercambio de opiniones, “lo que nos permite mejorar nuestro trabajo en beneficio de nuestros representados, otorgando una defensa de alta calidad, acorde con los principios y estándares de nuestra institución”, aseguró Morales Neyra.

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