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Defensor Regional de Coquimbo: "No somos favorecedores de la delincuencia, funcionamos cuando la prevención ha fallado" (*)

31/08/2011

Defensor Regional de Coquimbo: "No somos favorecedores de la delincuencia, funcionamos cuando la prevención ha fallado" (*)

(*) Abogado Alejandro Viada Ovalle dio una extensa entrevista al diario El Día, en que habló de sus prioridades, la realidad de la delincuencia en la Cuarta Región y de la necesidad de que la DPP sea autónoma, entre otros temas.

Alejandro Viada Ovalle será el Defensor Regional hasta el año 2016. El letrado serenense, que cursó sus estudios en el Seminario Conciliar y que luego pasó a integrar la primera generación de la carrera de Derecho de la UCN de Coquimbo, ve en esta asunción una ansiada vuelta a su tierra natal.

Inevitable resulta recordar su paso por el Caso Monjas -el más emblemático de la reforma procesal- en que le tocó representar a Carlos Vivanco, uno de los imputados del incendio que terminó en la muerte de la religiosa Lita Castillo, hace casi 10 años en Las Compañías, debido a que tiene dos hermanas que son monjas. Nos cuenta que fue muy cuestionado por eso, aunque ya es parte del pasado.

Se desempeñó como defensor en 2001, en La Serena y Vicuña, mientras que en 2005 llegó a la Unidad de Estudios de la Defensoría Metropolitana Sur. En sus ratos libres, Viada practica rugby en el Club San Bartolomé de La Serena y también se dedica al parapente en caleta Hornos y en el Cerro Grande.

Ahora emprendió el desafío de representar a la Defensoría Penal, en medio de un escenario muy distinto al 2000. Con mayor cantidad de causas y juicios, y en un debate permanente por los procedimientos de las policías y las garantías procesales de los imputados.

¿Qué espera hacer como defensor en estos 5 años? Queremos dar un servicio de calidad y un empuje al trabajo de los defensores, que claramente enfrentan un desgaste. La idea es dar una nueva motivación para que la defensa no sea sólo lo jurídico, sino también en buscar alternativas de resociabilización, es decir abrir las puertas para incorporar tratamientos a la adicción, en que el consumo de drogas haya llevado a delinquir. La idea es apuntar hacia ese problema, porque por mucho que obtengamos una sentencia, si no rehabilitamos a la persona va a volver a estar en el sistema penal. ¿Cuál es su mirada de la delincuencia en la región? Los niveles de delincuencia de la región están dentro del promedio por cantidad de habitantes. Ocurre sí mucho un alto caso de drogas, en que La Serena es un paso para la Región Metropolitana. No podemos hablar de una delincuencia grave, al comparar con el país. Sí hay muchos hurtos y violencia intrafamiliar, que son los mayores porcentajes de nuestros ingresos.

¿Harán hincapié en que los reconocimientos sean los adecuados? El que haya estándares fuertes para practicar los reconocimientos es una de las más importantes garantías para asegurar un debido proceso. Entendemos que puede haber muchos casos de flagrancia y obviamente el reconocimiento no es el que determina la participación, pero también hay muchos otros delitos en que la persona no es detenida en el acto y se producen muchos reconocimientos en forma posterior. Ahí se requiere que ese proceso sea objetivo.

¿Hay algo más que se debe hacer que sólo mostrar fotografías de los sospechosos a una víctima? Hay fiscalías regionales que han establecido protocolos. La mejor es una rueda de reconocimiento que cumpla con requisitos mínimos, donde participen personas de las mismas características, donde no permitan, por exclusión, quién es la persona sospechosa de haber cometido el delito. Si pongo a un joven al lado de adultos vestidos de otra forma, la víctima se puede ir hacia el joven. Y, además de eso, que no baste con el solo reconocimiento. Debe ser con algún grado de convicción alto y apoyado con otros antecedentes, porque siempre existe el riesgo de cometer un error.

¿En ese mismo sentido, es partidario de una indemnización para los imputados que, estando en prisión preventiva, finalmente son absueltos por los tribunales? La indemnización judicial está contemplada en la Constitución, toda persona que así lo estime tiene derecho para demandar al Estado. Nosotros no poseemos herramientas jurídicas para poder hacerlo. De ahí que cobra importancia obtener la autonomía de la Defensoría.

Esa autonomía les permitirá no estar sujeto a las decisiones o presiones del gobierno de turno… Creemos que la señal va por el lado de nuestros representados. Como institución, tenemos que darle la certeza de que ellos van a ser defendidos con independencia de otro vínculo, sea político, de Gobierno, de cualquier naturaleza. Somos un organismo que, aunque dependemos del Estado, somos independientes frente al ataque de otros organismos, como el Ministerio Público y los tribunales. Nosotros no somos el abogado que escoge al imputado. El Estado se lo proporciona, pero aún así debemos generar una relación de confianza. Si el imputado entiende que el abogado no tiene independencia, entonces no entenderá que tuvo un justo procedimiento en su contra.

¿Y esta independencia sería más urgente, considerando que el Gobierno es antidelincuencia? Nosotros no somos favorecedores de la delincuencia, funcionamos en una etapa en que la prevención ha fallado. La Defensoría actúa cuando el delito ya se cometió, de manera de garantizar que habiéndose cometido un delito, se establezca al autor en una forma justa y que se respeten las garantías de la persona. Que el Gobierno tenga dirigido gran parte de su trabajo a combatir la delincuencia va también aparejado con acciones de prevención. En nada obsta al Gobierno evitar que se cometa el delito, a que nosotros cumplamos nuestra misión como corresponde.

¿Cómo van a enfrentar la judicialización? En esa materia dependemos exclusivamente del Ministerio Público. Tenemos nuestras cargas de trabajo por un comportamiento histórico. Hemos llegado a una meseta, en que la cantidad de personas que pasan año a año ya están acotadas. Cualquier modificación en las políticas de persecución, que establezcan nuevas conductas penadas, o pasar a más personas detenidas va a incidir en nuestro trabajo. Por eso debemos tener una buena coordinación para facilitar ese trabajo. No podemos impedir que la Fiscalía adopte sus políticas.

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