Sala de Prensa

19/01/2007

Defensor Nacional y Defensor Regional cuestionan práctica de audiencias colectivas en Tribunales de Garantía

Eduardo Sepúlveda y Leonardo Moreno asistieron a audiencia de la magistrada Carolina Araya en que resolvió simultáneamente causas de hurto y violencia intrafamiliar.

Marisol Paredes, Marcela Vergara y Roberto Pérez no se conocían, pero por disposición de la titular del Cuarto Juzgado de Garantía, Carolina Araya, debieron compartir un momento muy personal: la audiencia en que fueron formalizados por los delitos que habían cometido.

 

Marisol fue detenida por hurto simple en la multitienda Ripley del Parque Arauco, Marcela por hurto simple en la tienda Wrangler del mall Alto Las Condes y Roberto por actos de violencia intrafamiliar que realizó en su domicilio de La Reina. La jueza ordenó una audiencia colectiva con los tres imputados, la que fue seguida detalladamente por el Defensor Nacional Eduardo Sepúlveda y el Defensor Regional Metropolitano Norte Leonardo Moreno, que acompañaban a una delegación colombiana de visita en el Centro de Justicia de Santiago.

 

La Defensoría anteriormente había cuestionado este tipo de procedimiento, ya que podría perjudicar a los imputados. Leonardo Moreno no compartió la decisión de la magistrada Carolina Araya: "por simples criterios de economía procesal se están menoscabando derechos fundamentales de los imputados". Ejemplificó con las alegaciones: "En este tipo de audiencia el fiscal expone a nivel muy general, por lo que al momento de la réplica el defensor no tiene los elementos para contrarrestar bien la argumentación".

 

El Defensor Nacional Eduardo Sepúlveda hizo ver que la argumentación de los tribunales para estas audiencias colectivas, esto es, acelerar las audiencias de los imputados que por la baja penalidad del delito cometido deben quedar en libertad,  puede significar un perjuicio para la dignidad de los afectados. "Si un tribunal dispone una audiencia colectiva los defensores deben plantear la situación a los imputados. Si estos se oponen, los defensores tienen la obligación de reclamar ante el tribunal". Enfatizó que este procedimiento puede perjudicar a los imputados, especialmente en la revisión de la legalidad de la detención, al no tener lo defensores la oportunidad de conocer el detalle de las condiciones en que el imputado fue detenido. 

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