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Defensa penal indígena

30/09/2011

Defensa penal indígena

La siguiente columna, escrita por el Defensor Regional (S) de Antofagasta, Roberto Vega Taucare, fue publicada el pasado miércoles en El Mercurio de esa ciudad.

La Defensoría Penal Publica, en el deber de otorgar defensa de calidad a toda persona imputada de la comisión de un crimen, simple delito o falta, ha incorporando paulatinamente elementos de especialización.

Primero fue la defensa especializada de imputados menores de edad, en el contexto de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Luego, la existencia de programas pilotos en defensa penitenciaría, lo que a poco andar generó la inclusión de estos temas en la argumentaciones de defensa.

Asimismo, en dicho escenario, hoy por hoy la Defensoría Penal Pública enfrenta un nuevo desafio: hacer efectiva, en el ámbito de las competencias de la institución, la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT).

Para ello, a partir del recién pasado lunes 26 de septiembre, diversos defensores de la región y del resto del país comenzaron una especialización vía e-learning, mecanismo que permite una amplia cobertura regional y nacional, mediante una adecuada utilización de las herramientas tecnológicas.

Llevado a cabo por el programa de Antropología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, este programa permitirá a cada uno de sus participantes conocer las herramientas jurídicas nacionales e internacionales que sirvan de sustento normativo y teórico para casos en que la mirada apunte hacia un tratamiento penal y procesal diferenciado.

Asimismo, posibilitará la compresión de los sustratos antropológicos y culturales que subyacen en la necesidad de aplicación de una normativa diferenciada para un grupo humano determinado, que en nuestra región -según la Ley Indígena- corresponde a los pueblos aymara, quechua y atacameño o likanantay.

Este esfuerzo no sólo nos compete en tanto asegurar una defensa de calidad, sino en tanto el Estado de Chile debe honrar la ratificación del referido convenio en la totalidad de su aparataje burocrático-administrativo, avanzando por un reconocimiento real y efectivo de los pueblos indígenas y tribales, que se manifieste no sólo en el ámbito de la autoridad, sino que en la cotidianeidad de nuestras existencias. Por Roberto Vega Taucare, Defensor Regional (S) de Antofagasta.

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