Atípica por donde se le mire ha sido la historia del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Biobío, más conocido popularmente cono El Manzano II. Primero, porque debió haber entrado en funcionamiento en 2006, pero una diferencia entre el consorcio que ganó la licitación y el Ministerio de Obras Públicas alargó su construcción. Y segundo, tras el terremoto de febrero de 2010 debió entrar urgentemente en funcionamiento debido a la catástrofe, que dejó en el suelo a parte de los penales de Chillán, Los Ángeles y Arauco.  Pero finalmente el pasado viernes el nuevo recinto penal tuvo, como corresponde, su ceremonia de oficial de inauguración, encabezada por el Presidente Sebastián Piñera, por el ministro de Justicia, Teodoro Ribera; la subsecretaria de esa cartera, Patricia Pérez, y por el director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer.  Ellos estuvieron acompañados por el Defensor Nacional, Georgy Schubert; el Defensor Regional (S) del Biobío, Osvaldo Pizarro, además de parlamentarios y otros directores de servicio, para asistir a  la puesta en marcha oficial de este recinto penal.   MENOS ES MÁS  La nueva cárcel tiene espacio para mil 189 condenados hombres, lo que permitirá reducir sustancialmente el nivel de hacinamiento carcelario regional, el que a partir de ahora llegaría aproximadamente al 5 por ciento.    Ello, además de mejorar las condiciones de reclusión de los internos, considerando que en este nuevo centro concesionado tendrán acceso a servicio de lavandería, celdas para hasta tres internos y un servicio de alimentación que entrega la empresa a cargo del penal.   Se espera, además, que el nivel de hacinamiento en la zona baje pronto un poco más, luego de que se habiliten nuevamente las cárceles que están siendo sometidas a reparaciones y reacondicionamientos en la Octava Región (Yungay, Chillán y Arauco).   Tras la ceremonia, lo medios consultaron al Defensor Nacional sobre la polémica que enfrenta al Ministerio Público con el Ejecutivo. Schubert explicó que en este tema “nosotros no tenemos ninguna participación. Nuestra función es seguir representando los intereses de las personas que están imputadas de delitos  y lo importante, como lo señaló el Presidente, es  que cualquier persecución al delito sea dentro del marco del estado de derecho. Y esa es la función nuestra”.