Sala de Prensa

14/12/2011

Defensa penal especializada

La siguiente columna de opinión fue redactada por el Defensor Regional (S) de Atacama, Raúl Palma Olivares.

Desde hace un buen tiempo la Defensoría Penal Pública ha venido desarrollando una serie de programas y modelos de defensa especializada en relación a los sujetos sobre los que se persigue su responsabilidad penal.

De esta manera, se ha desarrollado con éxito una defensoría penal mapuche, que se origina en la necesidad de otorgar una defensa contextualizada al fenómeno del conflicto mapuche y las personas imputadas pertenecientes a este pueblo originario, que requieren de ciertas experticias en su representación que permitan plantear con mayor éxito las alegaciones, generalmente en procesos seguidos conforme a leyes especiales e institutos procesales más laxos.

Luego, con la dictación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, siguiendo el mandato explícito de la ley y de la Convención de Derechos del Niño, la Defensoría realizó numerosas capacitaciones a sus defensores y creó la Unidad de Defensa Penal Juvenil (UDPJ), que cuenta con defensores juveniles especializados a lo largo de todo el país.  

Hoy día no cabe duda que la falta de especialización en materia de responsabilidad penal adolescente es una de las falencias que el sistema chileno muestra, sobre todo porque la particularidad del sistema de justicia penal para adolescentes -que contiene una serie de parámetros normativos y criminológicos diversos y una finalidad de la pena que se orienta no sólo a la responsabilización sino también a la reintegración del joven-, requiere del conocimiento cabal de todos los intervinientes, cuestión donde la Defensoría ha cumplido. 

Asimismo, nuestra institución se ha capacitado en materia de enfoque de género, de forma tal de poder brindar un servicio focalizado en la realidad cultural y antropológica de la mujer que es imputada de delitos, los que en su mayoría obedecen a dispositivos normativos que no tienen incorporado dicho enfoque.

Recientemente, la Defensoría nos ha capacitado en defensa penal indígena, como una forma de incorporar en la labor profesional los aspectos culturales, las prácticas ancestrales en la resolución de conflictos, la cosmovisión de los pueblos originarios en la materialización de la defensa en juicio para -de esta manera- dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT suscrito por nuestro país.

También hemos recibido capacitación en materia penitenciaria, dada la especial situación de las personas condenadas, la realidad carcelaria y la ausencia de una justicia especializada en la materia, llevándose a cabo con rotundo éxito programas de defensa penitenciaria en regiones como Coquimbo. 

La diversidad y el pluralismo son realidades innegables e incluso un factor de desarrollo en nuestras sociedades complejas. Así lo ha entendido la comunidad internacional y, en consecuencia, los estados deben hacerse cargo de las transformaciones sociales y de los cambios cada vez más vertiginosos que se van sucediendo en las estructuras socioculturales del siglo XXI.

En este sentido, la especialización de la defensa penal es un desafío y una tarea irrenunciable, dada la presencia de minorías cada vez más diversas y de grupos de personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente a un sistema normativo que ciertamente evoluciona con más lentitud que las sociedades actuales y donde el riesgo de nuevos focos de criminalización, de profundización de la vulnerabilidad o de amplitud del campo de control policial requieren de una respuesta profesional particularizada, conocedora de las realidades divergentes.

Por Raúl Palma Olivares, Defensor Regional (S) Atacama.

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