Sala de Prensa

15/12/2011

Ley de ejecución, una deuda pendiente

La siguiente columna de opinión, escrita por la jefa de Estudios de la Defensoría Regional de Antofagasta, fue publicada ayer en El Mercurio de esa ciudad.

Si bien actualmente se encuentra en trámite parlamentario el proyecto de ley que modifica la actual Ley 18.219 -sobre cumplimento alternativo de penas-, la cual trata de flexibilizar su utilización para algunos casos y por otra parte restringe su utilización en otros, lo cierto es que una deuda en el sistema de justicia penal chileno es la falta de una legislación sobre ejecución de sanciones.

Esto es, un cuerpo legal que trate particularmente sobre la situación de los condenados, en el proceso de cumplimento de una sanción penal. 

Una vez que una persona es condenada, particularmente a penas de larga extensión, se abre otra etapa, que en la mayoría de los países existe, de la que están a cargo los denominados tribunales de ejecución.

Ello, por cuanto una persona privada de libertad en algún momento la recobrará y por ello es importante hacer una integración paulatina. Por otra parte, se trata de sistemas en los cuales se beneficia la buena conducta o la superación que se puede observar en algunos condenados al interior del recinto penitenciario y siempre circunscrito a determinados delitos.

Por otra parte, existen vías expeditas para resolver cuestión graves que deslindan en principios humanitarios, por ejemplo cuando un condenado sufre una enfermedad terminal o una patología psiquiátrica que se generó durante la ejecución de la pena.

Si bien respecto de ésta última materia el Código Procesal Penal establece normas claras, lo cierto es que la detección de una patología durante el cumplimiento de la pena resulta difícil de constatar. Tal vez, porque no hay un camino expedito para ejercer un derecho que ya ha sido regulado.

El incendio en la Cárcel de San Miguel remeció a la comunidad, pero sin negar las condiciones deplorables de encierro -las cuales están en vías de solución, baste sólo recodar que en Antofagasta está próxima abrir sus puertas una cárcel nueva concesionada-, muchas otras materias que quedaron al descubierto con el incendio se podrían haber atendido por una judicatura especializada en la etapa de ejecución.

Por Loreto Flores Tapia,  Jefa de Estudios Defensoría Regional de Antofagasta.

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