Sala de Prensa

18/01/2012

Formalización del alcalde de Hualpén se realizará sin acceso de la defensa a la investigación

La decisión fue tomada por el Tribunal de Garantía de Talcahuano, que autorizó 30 días de secreto amparándose en la Ley de Lavado de Activos.

El 5 de julio del año pasado, un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en las dependencias de la Municipalidad de Hualpén dejó al descubierto una investigación iniciada por la Fiscalía, que busca establecer la responsabilidad del alcalde y algunos colaboradores suyos en una serie de delitos que supuestamente habría cometido en el ejercicio de sus funciones.

El hecho causó impacto en la prensa y generó revuelo público. Los policías incautaron documentos, ingresaron al domicilio del edil y retiraron las memorias de los computadores de todas las oficinas, lo que incluso inmovilizó el trabajo municipal por un par de días.

El asunto llegó a tribunales, donde el edil pidió que se le informara por qué se le investigaba, solicitando la audiencia respectiva en el Juzgado de Garantía de Talcahuano. Sin embargo, el Ministerio Público señaló que había declarado secretos todos los antecedentes de esa investigación, amparándose en las facultades que normas como la Ley de Drogas, la Ley Antiterrorista y la Ley de Lavado de Activos le entrega para la pesquisa de determinados delitos.

La duda quedó sembrada y nada pudieron hacer los eventuales imputados, salvo esperar que pasara el tiempo. Eso, hasta que un par de días antes que se terminara 2011 la Fiscalía solicitó día y hora para formalizar a nueve personas y requirió autorización del juzgado de garantía del puerto para mantener el secreto de la investigación por 30 días más.

CARGOS, AUDIENCIA Y RECHAZO Con esto, el panorama debía comenzar a aclararse, pero no será así, porque la audiencia de formalización se realizará cuando la investigación aún esté bajo reserva. Por ello, y ante el hecho de que no todas las personas requeridas tenían abogados de confianza, la Defensoría Penal Pública presentó dos reposiciones ante el tribunal, ingresando formalmente así a este caso.

La primera reposición buscaba corregir defectos en la solicitud que informaba la formalización. Es decir, que se cumpliera con los requisitos del artículo 231 del Código Procesal Penal, lo que podía tener el efecto práctico de  ‘trasladar’ la fecha de la audiencia un par de semanas. La segunda, en tanto, buscaba dejar sin efecto el secreto de la investigación para ocho de los nueve imputados, porque sólo al alcalde se le imputa el delito de lavado de dinero.

Sin embargo, tras la audiencia realizada el pasado lunes 16, y pese a los esfuerzos de la Defensoría Regional del Biobío -que finalmente representará a cuatros funcionarios municipales-, el Juzgado de Garantía de Talcahuano rechazó las reposiciones, dejando en muy mal pie a todos los imputados, quienes deberán enfrentar la audiencia del 27 de enero próximo sin saber cuáles son los antecedentes que la Fiscalía posee en su contra, lo que atenta contra las posibilidades de preparar una defensa en igualdad de armas.

Esta situación, que fue recogida por los medios de comunicación de la zona, abre una interrogante sobre qué ocurrirá, por ejemplo, con la petición eventual de medidas cautelares. De todos modos, la Defensoría Regional ya trabaja en la preparación de la audiencia, que de seguro volverá a concentrar el interés mediático y jurídico en la zona.

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