Sala de Prensa

31/01/2012

El aumento de penas no es una solución

La siguiente columna de opinión, escrita por la jefa de Estudios de la Defensoría Regional de Antofagasta, fue publicada hoy por el diario El Mercurio de esa ciudad.

Actualmente se debate en el parlamento el proyecto de ley que busca aumentar las penas a aquellas personas que manejen en estado de ebriedad. El proyecto busca hacer una rebaja a los parámetros actuales respecto de lo que se entiende como estado de ebriedad, pero -sobre todo- la gran reforma es aumentar las sanciones en estos casos.

A este respecto hay que considerar la diferencia que existe entre desempeñarse en estado de ebriedad, a diferencia de lo que constituye que a propósito de dicho manejo se cause daños, lesiones o incluso la muerte, porque en los casos en que efectivamente se produce un daño concreto, las penas actuales parecen muy benévolas para dichos conductores.

Sin embargo, para el denominado manejo en estado de ebriedad y/o bajo la influencia del alcohol siempre hay que considerar que la simple condena en cárcel no va a reducir necesariamente dichos altos índices que se registran en nuestro país.

Por ello, es importante también trabajar con el concepto de penas alternativas, pero eficaces, destinadas por ejemplo a seguir un tratamiento contra el alcoholismo o a efectuar trabajo comunitario. Todas aquellas sanciones destinadas a responsabilizar al conductor que tomó su auto y manejó aunque había consumido alcohol, a pesar de que no se sentía en estado de ebriedad.

La idea es crear un hábito que se cumpla. Esto es, si bebe no maneje. Para ello, además, es importante, tal como se ha desarrollado, generar políticas preventivas, pues a diferencia de lo que se puede pensar, el mero aumento de sanciones no tiene una relación directa en la disminución de dichas conductas.

Por ello, un buen punto de partida es trabajar en aquellos casos donde no se producen daños ni lesiones y evidenciar que muchas veces detrás de un simple manejo bajo los efectos del alcohol se esconde un problema de dependencia no necesariamente reconocido.  

Por Loreto Flores Tapia, jefa de Estudios Defensoría Regional de Antofagasta.

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