:: Defensoría Penal Pública ::

Sala de Prensa

06/03/2012

La violencia

La siguiente columna de opinión, escrita por el asesor jurídico de la Defensoría Regional de Antofagasta, fue publicada hoy en el diario El Mercurio de esa ciudad.

Todas las sociedades experimentan violencia. A veces, se trata de ciclos en que los conflictos parecen no tener otra forma de manifestación. También hay casos de sociedades en que existe un estado de violencia sistemática.

Según diversos enfoques teóricos, las sociedades surgen para poner fin a un estado de guerra de todos contra todos, o para establecer un tercero imparcial que dirima pacíficamente las contiendas entre particulares.

Por eso se dice que el Estado, y con ello el Derecho, se atribuye el monopolio del uso de la fuerza. Este monopolio persigue asegurar la vida y demás derechos de las personas, excluyendo la violencia de la vida social y reservándola sólo a unas determinadas instituciones y agentes que, por su investidura oficial, pueden ejecutar excepcionalmente, autorizados por las normas legales, actos de fuerza.

Esta autorización no puede escapar al control social, ni menos, por cierto, al control jurisdiccional. No resultaría admisible que los ciudadanos no pudiesen cuestionar su ejercicio, si las sociedades surgen y deben funcionar teniendo en cuenta su bienestar.

Asimismo, son los tribunales los responsables de poner límites a las instituciones a las que se ha atribuido el uso legítimo de la fuerza. En 2011 nuestros tribunales superiores, conociendo de acciones constitucionales, prohibieron el ingreso violento y el uso de bombas lacrimógenas en las comunidades indígenas.

Nuestro país está inmerso en una ola de descontento global. Sus manifestaciones locales son conocidas y plausibles. La responsabilidad de su abordaje está radicada especialmente en quienes detentan el poder. Por un lado, tienen el deber de instaurar mecanismos eficaces y flexibles de solución de los conflictos sociales y, por otro, de discriminar siempre y seriamente, en el discurso y la práctica, entre quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social y quienes usan la violencia como método indiscriminado.

Por añadidura, tienen el deber de usar la fuerza en forma proporcionada. Más de alguien preguntará ¿por qué? Simplemente, porque tienen el poder de usar la fuerza.

Por Ignacio Barrientos Pardo,
Asesor Jurídico Defensoría Regional Antofagasta.

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