Sala de Prensa

22/02/2012

Defensa penitenciara, un nuevo desafío de la Defensoría para la Región de Aysén

Columna de opinión del Defensor Regional, Juan Carlos Rebolledo, publicada hoy martes en el Diario de Aysén.

En las últimas columnas de opinión, hemos revisado desde diferentes puntos de vista una temática en común:  El respeto por los derechos de las personas. El día de hoy abordaremos los derechos y garantías constitucionales que asisten a las personas condenadas y privadas de libertad. Generalmente, este es un tema muy poco difundido  y en Chile las peticiones de los encarcelados, no causan tanto revuelo, y sólo es noticia al momento que ocurren hechos tan lamentables como los conocidos en la cárcel de San Miguel, el año 2010.

En lo que se refiere a la labor de la Defensoría,  la actividad no se agota con la dictación de la sentencia condenatoria, sino que continúa con posterioridad y sólo culmina cuando la resolución que dicta el tribunal  ha sido cabalmente cumplida.

Hasta hoy, el compromiso de prestar defensa jurídica técnica a las personas  condenadas por falta, crimen o simple delito, hasta el término de su condena, ha sido un  proceso paulatino que ha ido involucrando en un principio ciudades como la Serena (2007) y la región del Bio Bío y la Región Metropolitana (2009), dentro de un plan de implementación gradual.

Por nuestra parte, como Región de Aysén, desde el 2011, se viene gestando  con recursos propios,  la implementación de  un Plan de Atención a la población condenada del penal de Coyhaique que pertenecen a la Reforma Procesal Penal, ello como una manera de hacer carne el derecho de todo condenado a tener defensa jurídica, sin esperar la implementación del programa nacional de defensa penitenciaria.

Precisamente, para abordar este ítem, es que este pasado viernes se realizó en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, una charla de difusión sobre derechos y obligaciones que les asisten a los internos condenados  y las posibilidades que tienen de optar a beneficios durante la ejecución de condena. En tal charla, la Defensoría, informó que durante este año se implementará en la región un plan de atención a la población condenada que tiene como propósito prestar  asesoría jurídica a las personas que se encuentran cumpliendo una condena. Los objetivos de la defensa penitenciaria ofrecida son  informar a los internos sobre sus derechos, obligaciones y posibilidades durante la ejecución de su condena; y representar legalmente a los internos en sus peticiones de beneficios y otros.


Muy por el contrario de lo que la sociedad pudiere considerar, las personas que cometen delitos y son encarceladas, no pierden su condición de persona, y es en este punto en donde me quiero detener, ya que al igual que usted o yo, las personas privadas de libertad y condenadas al cumplimiento de una pena tienen derechos:  a la educación, a la salud, a mantener el vínculo con sus familiares, y principalmente tienen derecho a defensa. El cumplimiento de estos derechos es fundamental para  la reinserción, y aún más es necesario que ellos conozcan que continúan manteniendo derecho a defensa, ya que esta difusión realizada por un abogado defensor les permitirá efectuar acciones conducentes a exigirlos o a evitar que estos derechos sean vulnerados.

El esfuerzo que realizará este año la Defensoría será en pro de entregarles  acceso a la justicia y a la defensa penal de las personas condenadas y por tanto, tendrán la posibilidad cierta de contar con un abogado defensor.

Esperamos que la representación que realice la Defensoría, pueda abarcar y dar respuesta a las demandas y necesidades de los condenados, ya que  no es posible olvidar  a las personas que están encerradas, sino que como sociedad debemos hacer lo posible para rehabilitarlas, lo que incluye mejorar su calidad de vida en la cárcel, sobre todo sabiendo en las condiciones que se encuentran las cárceles en nuestro país.

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