Sala de Prensa

16/04/2012

Trató sobre “Desafíos de la justicia penal”

Defensoría Regional de O’Higgins celebró aniversario institucional con exitoso seminario

La actividad fue inaugurada por el Defensor Nacional, Georgy Schubert, quien la destacó como una oportunidad de abrir debates e intercambiar ideas para mejorar el sistema penal.

El tema de los testigos de oídas y los problemas y vicios que presenta el sistema penal fueron los tópicos principales que se revisaron durante el seminario “Desafíos de la justicia penal”, organizado en conjunto por la Defensoría Regional de O’Higgins y la Corte de Apelaciones de Rancagua

La actividad, que permitió celebrar formalmente en Rancagua un nuevo aniversario de la Defensoría Penal Pública, convocó a ministros de la Corte Suprema y otros magistrados, fiscales, autoridades del gabinete regional de justicia  y defensores de la región del Libertador.

El foro fue inaugurado por el Defensor Nacional, Georgy Schubert, quien explicó que “si bien la reforma procesal penal ha sido una de las políticas públicas más exitosas de los últimos años, sin duda es mejorable y es precisamente en estos espacios donde los actores del sistema judicial podemos reflexionar y debatir ideas, con el objeto de perfeccionar el modelo y la labor que cada uno cumple en tribunales”.

El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, felicitó más tarde la iniciativa de la Defensoría, “al proponer una instancia académica de participación en la que destacados juristas entreguen nuevas herramientas para el trabajo”.

RECURSO PRO CONDENADO
El primer expositor fue el ministro de Corte y profesor de la Academia Judicial Raúl Mera, quien puso en debate la necesidad de que el actual proceso penal pueda contemplar un recurso de apelación destinado al condenado como beneficiario, tema concordante con los tratados internacionales sobre derechos humanos en materia judicial.

Ello, dijo, porque en la actualidad el sistema sólo contempla en general el recurso de nulidad, que en su naturaleza no está destinado a la revisión judicial de lo resuelto por un tribunal de primera instancia, sino sólo aspectos formales o lógicos.

Mera abordó también el efecto negativo del actual sistema de reenvío obligatorio (o el deber de efectuar un nuevo juicio) ante recursos de nulidad acogidos en las corte superiores, “en virtud de lo cual los tribunales inferiores deben tramitar ese nuevo juicio bajo la presión de acoger o no los criterios de sus superiores en un sistema como el nuestro, en que si bien el precedente jurisprudencial no es obligatorio, los jueces de menor jerarquía temen de un modo reverencial aplicar su postura o criterio en discordancia con el de sus superiores”.

Finalmente, el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua criticó la participación como querellantes de órganos del Estado en el sistema de justicia criminal, “en circunstancias que el Ministerio Público, como agente monopólico de la investigación y detentador de la acción penal pública es un órgano más que suficiente para desempeñar la labor de acusador y protector de los intereses generales de la comunidad”.

La otra ponencia estuvo a cargo del académico Héctor Hernández Basualto, quien se refirió a los vicios en que se incurre con los llamados testigos de oídas pre constituidos, reconocibles en la actuación en general policías o funcionarios públicos que llegan a juicio bajo el propósito de relatar a los jueces los que escucharon de un acusado, en general confesiones u otros datos relevantes.

Según Hernández, esa fórmula “constituye una burla, ya que se introduce información bajo el resquicio de una testimonial que, según su naturaleza pura, no lo es y que afecta el derecho constitucional y legal de toda persona a guardar silencio. La ponencia del profesor dio pie a un debate acalorado entre magistrados y defensores sobre la conveniencia o la procedencia de la exclusión de aquellas pruebas. 

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