Sala de Prensa

04/05/2012

Defensor público en 'caso bombas':

“Principal prueba de la Fiscalía quedó pendiendo de un hilo”

Claudio Aspe, defensor público del único imputado que habría confesado haber colocado artefactos explosivos, explicó que después de cuatro meses de juicio oral la causa “no tiene sustancia”.

El juicio por el llamado ‘caso bombas’ se ha transformado por lejos en el más extenso desde que se inició la reforma procesal penal, superando largamente causas tan complejas como la del crimen de un familiar del ex Fiscal Nacional Económico Pedro Mattar o la causa contra Pilar Pérez y Mario Ruz. Así, y después de casi cinco meses, la Fiscalía Metropolitana Sur terminó finalmente de presentar su prueba y se inició el turno de las defensas.

Claudio Aspe, Defensor Local Jefe de la Mega Zona  Ñuñoa–Las Condes, asumió personalmente la defensa del imputado más comprometido en la causa. Se trata de Gustavo Fuentes, conocido como “El Grillo”, quien es el único de los encausados que habría confesado la colocación de artefactos explosivos, convirtiéndose sus declaraciones -por lo mismo- en la prueba más importante de la Fiscalía.

Sin embargo, la fuerza de ese testimonio comenzó a desmoronarse en la Audiencia de Preparación de Juicio Oral (APJO) en que el juez Luis Avilés excluyó cerca de 5 mil pruebas del Ministerio Público,  lo que redundó en que 15 imputados fueran sobreseídos definitivamente del cargo principal de asociación ilícita terrorista. 

Ahora se desarrolla este maratónico juicio oral contra los cinco imputados que mantuvieron cargos por colocación de artefacto explosivo, aunque según Claudio Aspe el escenario tampoco se ve promisorio para el Ministerio Público.

“La principal prueba de la Fiscalía quedó pendiendo de un hilo”, advierte. De hecho, según el defensor la Corte de Apelaciones ya resolvió la ilegalidad de la declaración que Gustavo Fuentes hizo en el auto policial, inmediatamente después de su detención.

“Si bien él hizo otra declaración ante el fiscal, todo indica que las diligencias, allanamientos e incautaciones policiales se hicieron antes de ese interrogatorio y, en realidad, se realizaron sobre la base de lo que dijo en el carro de Carabineros. Y como esa prueba se declaró ilegal, las diligencias surgidas de ellas también deben serlo”, explicó.

INTERROGATORIO OBJETADO
Respecto al interrogatorio realizado en el Ministerio Público,  Aspe aclara que éste fue objetado por la defensa por múltiples razones: “No está claro si estuvo presente un fiscal, como exige la ley; no se avisó a la Defensoría, así que se hizo sin defensor presente; quedó acreditado que al imputado no se le leyeron sus derechos y dos carabineros reconocieron al declarar que parte de ese testimonio fue dictado por un funcionarios de la fiscalía”, explica el defensor. Y agrega que algo central es que “de todo lo dicho por mi defendido, nada pudo ser refrendado con pruebas materiales”.

Según Aspe, la fiscalía presentó como prueba un pantalón del imputado -obtenido por una muy cuestionable incautación- que tendría trazas de nitritos. El problema es que esa prueba fue destruida por la propia Fiscalía, dejando a la defensa sin posibilidad de hacer contra muestras y al fiscal sin opción de presentarla en el juicio.

Claudio Aspe concluye que ahora que las defensas iniciaron la exposición de sus pruebas espera que la causa de la fiscalía se desmorone definitivamente. Confirma esta posición el jurista Miguel Soto, abogado de Francisco Solar, otro de los imputados en la causa. En su opinión, la decisión de Fiscalía Metropolitana Sur al embarcarse en este  larguísimo y costoso juicio fue “una audacia”.

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