Sala de Prensa

07/05/2012

En causa por homicidio simple e invasión de morada

Corte Suprema anuló juicio en que una fiscal habría amenazado a testigo clave

Funcionaria del Ministerio Público de San Fernando le dijo que la metería presa si no declaraba en contra de una de las acusadas.

Varios procedimientos irregulares detectó la Corte Suprema en una causa por homicidio y violación de morada, delitos por los que fueron acusados un hombre, su madre y su novia, los tres residentes en la comuna de San Fernando.

Según narra el documento emanado del máximo tribunal, el Ministerio Público procuró introducir una prueba de manera irregular, manipulando el testimonio de una testigo protegida  y ofreciendo como testigo de oídas a una funcionaria de la misma institución.

Los hechos de la causa se remontan a abril del año pasado, cuando tras una gresca de barrio resultó muerto un hombre de 46 años, tras recibir una serie de puñaladas en distintas partes del cuerpo.

Por la supuesta responsabilidad de cada uno de ellos en los hechos, la policía detuvo a un joven de 23 años, a su madre de 47 y a su polola de 19. Un año demoró la investigación del delito, tiempo en que el único varón imputado reconoció la autoría del homicidio y señaló ser el único autor del hecho, descartando la participación de las mujeres.

ACUSACIÓN SOSTENIDA
Sin embargo, el Ministerio Público mantuvo la acusación contra la joven y su suegra por homicidio simple y violación de morada, sosteniéndose para ello en el relato de dos testigos protegidas, una vecina y la madre de la víctima fatal.

Sin embargo, durante el juicio oral se restó validez al testimonio de la madre del occiso, debido a que su capacidad visual le impedía sostener que había visto a una de las acusadas en el sitio del suceso. La otra testigo, en tanto, señaló ante los magistrados que no había visto a las dos mujeres llegar hasta el lugar donde ocurrió el homicidio.

Esta situación -a todas luces perjudicial para sostener la acusación- motivó que en la madrugada del día anterior a su declaración en el juicio oral se enviara a una funcionaria del Ministerio Público al domicilio de la testigo protegida, para tomarle una nueva declaración en la fiscalía. De esa manera y previendo cualquier negativa de la vecina, la idea era usar el testimonio de oídas de la funcionaria para sostener la teoría del caso y seguir inculpando a ambas imputadas.

CONDENA Y APELACIÓN
Efectivamente, el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando condenó a la mujer de 47 años a diez años y un día de presidio efectivo. Sin embargo su defensor público, Luis Cornejo, presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, en el que explicó el irregular proceder de la fiscal y la consiguiente infracción a la garantía constitucional del debido proceso.

En su recurso, el abogado de la Defensoría Penal señaló que la testigo protegida manifestó haber sido amenazada por la fiscal, quien le señaló que la metería presa si no declaraba en el juicio. Además, argumentó la irregularidad en que se incurre por el Ministerio Público al presentar una prueba preconstituida ilegítimamente, como lo fue el testimonio de la funcionaria de la Fiscalía, más aún si ella se introdujo cuando el juicio oral ya estaba en marcha.

La Corte Suprema acogió el recurso, dejó nulo el juicio oral contra la mujer de 47 años y condenó el actuar de la fiscal, debido a que “se procuró introducir una prueba de manera irregular, lo que en definitiva se logró con la anuencia del tribunal, mediante el diligenciamiento completo de una gestión a todas luces anómala”.

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