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Defensor Regional (S) de Antofagasta resaltó trabajo con grupos vulnerables

25/05/2012

En su cuenta pública, efectuada hoy en la capital regional

Defensor Regional (S) de Antofagasta resaltó trabajo con grupos vulnerables

Mujeres, indígenas, menores de edad y migrantes son los grupos vulnerables con los que la Defensoría trabaja diariamente en esta zona del país.

Tras más de una década desde la creación de la Defensoría Penal Pública y al encabezar hoy la cuenta pública anual de esa repartición institucional, el Defensor Regional (S) en Antofagasta, Roberto Vega Taucare, aseguró que “hoy podemos afirmar que la Defensoría Penal Pública es una institución reconocida por dar cabal cumplimiento a su misión”.

De hecho, destacó que la DPP haya sido seleccionada como uno de los diez servicios públicos mejor evaluados en el Premio Anual a la Excelencia, “porque cada día la Defensoría Penal Pública proporciona defensa penal de calidad a las personas que no cuentan con un abogado de confianza, velando por la igualdad ante la ley y por el debido proceso, siempre con un profundo respeto por la dignidad de sus representados”.

LABOR EN COMUNAS

Durante su discurso, Vega Taucare señaló que la gestión regional de la Defensoría comprende la presencia de defensores, funcionarios y asistentes no sólo en Antofagasta, sino que también en Calama, Tocopilla, María Elena, y Taltal, con lo que se logra una cobertura total en esta extensa región.

El Defensor Regional (S) destacó también la ardua labor desplegada por la figura del defensor penal, eje central de la prestación de defensa, “quien se desempeña incansablemente con el fin de asegurar la cobertura regional del servicio y la calidad de las prestaciones de defensa, a través de una clara competencia profesional, un trato ético a nuestros representados y el manejo riguroso de cada uno de los casos asignados”.

Agregó que es en ese triangulo virtuoso donde radica el verdadero sentido de la frase institucional ‘sin defensa no hay justicia’, la que “refleja nuestro rol, propósito y sentido en el engranaje del sistema de justicia penal, el cual es muchas veces incomprendido o -lisa y llanamente- desacreditado ante las demandas de justicia retributiva pura de la ciudadanía y su correlato teórico, el denominado populismo penal”.

PRINCIPALES CIFRAS 2011

Según las cifras entregadas por Vega, durante 2011 la Defensoría Regional de Antofagasta ingresó a sus sistemas informáticos a 15 mil 962 personas, quienes fueron atendidas por la institución y respecto de las cuales un 45 por ciento se encuentra con proceso terminado.

Esto quiere decir que 7 mil 182 personas cuentan con su causa terminada, “demostrando la celeridad de los procesos judiciales en la actualidad, característica esencial del sistema de enjuiciamiento penal y sin que ello signifique, en caso alguno, la imposición de criterios eficientistas por sobre los de una defensa penal de calidad”.

De la cifra principal de personas atendidas, el 91 por ciento son adultos y el 9 por ciento adolescentes. En cuanto a la participación de las localidades, la principal fue Antofagasta (58 por ciento), seguida por Calama (34 por ciento), Tocopilla (5 por ciento), Taltal (2 por ciento) y María Elena (1 por ciento), como un correlato de las características demográficas de cada localidad.

En cuanto a los tipos de delitos, los principales fueron aquellos contra la propiedad (50,5 por ciento), seguidos por las lesiones (16,8), los delitos de la Ley de Tránsito (10,4), de la Ley de drogas (6,5), las faltas (6,3), los cuasidelitos (1,1), los delitos sexuales (1 por ciento), los homicidios (0,4) y otros delitos (6,9).

GRUPOS VULNERABLES

Roberto Vega señaló también que tanto el sentido común como distintas ciencias desnudan una cruda verdad: que los altos niveles de pobreza, la baja escolaridad, la marginación y la exclusión son factores de vulnerabilidad que afectan a gran parte de las personas representadas por la institución.

“Y la Defensoría, ciertamente, no es ajena a tal constatación, por lo que resulta prioritario en nuestro accionar la consideración de grupos vulnerables como mujeres, menores de edad, migrantes e indígenas”.

En el caso de los migrantes, por ejemplo, Vega aclaró que las cifras reales desmienten que el aumento de la delincuencia sea responsabilidad de los extranjeros, pues del total de imputados el año pasado en la Región de Antofagasta, el 96,9 por ciento son chilenos y sólo 3,1 por ciento son extranjeros.

Las cifras relativas a los menores de edad, en tanto, demostraron una baja respecto de 2010, año en que este grupo representó el 10,9 por ciento de las atenciones regionales.

DEFENSA INDÍGENA

Vega Taucare destacó la ampliación del modelo de defensa indígena a todo el país, lo que en el caso de Antofagasta ha permitido dar cobertura a imputados de otros pueblos originarios, como los licanantay, los quechuas y los aymaras, entre otros.

El programa regional está a cargo de profesionales especialmente capacitados, entre los que destaca la presencia de facilitadores interculturales que son el nexo necesario entre el imputado indígena y el defensor penal, con el objeto de poder realizar un acercamiento desde la cosmovisión indígena y sus prácticas ancestrales. La región cuenta con una facilitadora intercultural en la localidad de Calama, perteneciente el pueblo licanantay.

“A nivel regional contamos con una destacada iniciativa: una mesa intersectorial de trabajo indígena, que incluye las áreas de Desarrollo Indígena de Alto El Loa y Atacama La Grande. Entre el año pasado y el comienzo de éste se concretó este compromiso de trabajo sectorial en temáticas de responsabilidad penal, de manera de caminar juntos en la construcción de modelos de defensa indígena que atiendan a las particularidades de los pueblos originarios de la región”, dijo Vega.

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