Sala de Prensa

20/07/2012

Defensor Regional (S), Fernando Acuña, encabezó cuenta pública anual

Lesiones y conducción en estado de ebriedad siguen siendo delitos más frecuentes en Aysén

Tres mil 681 personas fueron atendidas como imputadas durante 2011, lo que implicó un aumento de 32,2 por ciento respecto del año anterior. De ese total, 13,58 por ciento fueron menores de edad.

En el marco de la cuenta pública en que informó sobre la gestión institucional en la región durante 2011 -en una ceremonia realizada recientemente en Coyhaique-, el Defensor Regional (S) de Aysén, Fernando Acuña Gutiérrez, destacó que de los 3 mil 698 delitos ingresados en 2011, los más frecuentes fueron las lesiones leves, la conducción en estado de ebriedad, los hurtos faltas y los daños simples.

Acuña explicó que muy atrás en la estadística quedaron delitos de alta connotación social, tales como como robo con violencia (con 40 casos), robo en lugar habitado o destinado a habitación (40), delitos sexuales (36), homicidios (13) y femicidios (1).

“No pretendo restar importancia a los delitos de alta connotación social ocurridos en nuestra región. Por el contrario, entiendo que uno solo de estos delitos afecta tremendamente la vida, honra y seguridad de las víctimas y su entorno. Sin embargo, sí quiero poner en perspectiva el real grado  de criminalidad en nuestra región, ya que noto que muchas veces la sensación de inseguridad supera en demasía a los hechos concretos”, aseguró.

USUARIOS DE LA DPP

El Defensor Regional (S) comentó también que del total de personas atendidas, el 14,18 por ciento fueron mujeres y el 85,82 por ciento hombres, mientras que el 13, 58 por ciento fueron menores que tenían entre 14 y 18 años al momento de ser acusados.

Respecto de la escolaridad de los usuarios de la Defensoría Regional, Acuña mencionó como ejemplo que el 35,15 por ciento de ellos sólo presentaba estudios básicos, el 21 por ciento enseñanza media incompleta y el 12 por ciento estudios básicos incompletos. El porcentaje restante, en tanto, se dividió entre otros grados de educación y casos sin información.
 
Sobre este tema, Fernando Acuña destacó que “a lo largo de los años hemos asumido la representación de  personas de toda condición social, de distintas profesiones y oficios, de diverso nivel socio cultural y de diversas creencias religiosas, pero debemos señalar que el grueso de nuestros usuarios está compuesto por personas que no tuvieron ni tienen las mismas oportunidades y ventajas que la mayoría de los chilenos”.

DEFENSA PENITENCIARIA

Durante su discurso, el directivo institucional comentó que por ley, la obligación de la Defensoría Penal con las personas condenadas sólo considera una visita anual. “Sin embargo, sabemos que una visita al año no es suficiente y creemos que quienes están presos son personas que merecen ser tratadas con dignidad”.

Es por ello que durante el año pasado y lo va corrido de este se realizaron diversas gestiones, como ayudar a los internos a solicitar beneficios intrapenitenciarios y colaborar con Gendarmería en distintos proyectos, a fin de encontrar alternativas de rehabilitación y reinserción social de los internos y velar porque sus derechos humanos sean respetados.

DESAFÍOS

Sobre los desafíos y proyecciones para el presente año, el Defensor Regional (S) de Aysén comentó que se buscará afianzar el servicio de defensa penitenciaria, a través de una participación efectiva de la institución en la Comisión de Reducción de Condena y en los Tribunales de Conducta, entre otras medidas.
 
También dijo que se continuará trabajando para conseguir para la región a un defensor juvenil especializado en materias de adolescentes. De hecho, la DPP de Aysén es la única del país que aún no cuenta con un profesional de estas características.

Otras metas para 2012 son trabajar el clima laboral y optimizar la comunicación efectiva tanto hacia el interior como hacia el exterior de la institución. Acuña destacó que la misión de la Defensoría y de sus profesionales exige a diario un trabajo constante, “que encuentra su norte en el servicio a la comunidad y en contar con una justicia procesal penal eficiente.

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