Sala de Prensa

23/07/2012

Fue organizada por la Defensoría Regional de O’Higgins

Concurrida plaza de justicia se realizó en la cárcel de Peumo

Más de 80 internos fueron atendidos por los profesionales de la Defensoría, quienes concurrieron al recinto junto a funcionarios de otros servicios públicos.

Las plazas de justicia están siendo cada vez más requeridas y visitadas por los internos de distintos recintos penales, quienes ven en este tipo de actividades una buena oportunidad para hacer las consultas jurídicas y sociales que no tienen opción de aclarar en su condición de personas privadas de libertad.

Es por ello que, en conjunto con funcionarios de los servicios dependientes de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia, profesionales de la Defensoría Regional de O’Higgins se trasladaron hasta la cárcel de Peumo para atender a su población penal, compuesta por unas 230 personas -59 de ellas aún en condición de imputadas- en el patio principal del recinto.

Mientras una decena de internos aprovechó de renovar su cédula de identidad en el puesto de atención del Registro Civil e identificación, la encargada de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del Sename calmó el temor de un par de imputados, ante la amenaza de sus parejas de no permitirles ver más a sus hijos.

En el módulo de la Defensoría se formó una larga fila de internos esperando ser atendidos por nuestros profesionales, quienes respondieron todas las consultas recibidas, relacionadas principalmente con la posibilidad de unificar condenas y obtener beneficios intrapenitenciarios.

En paralelo, el Defensor Regional, Alberto Ortega, ocupó una de las salas de la escuela penitenciaria para dictar una charla sobre la Ley General de Indulto Conmutativo y luego promover un diálogo penitenciario con los internos, destinado a escuchar la evaluación que nuestros usuarios hacen del servicio que presta la DPP.

“Llama la atención que, pese a la difícil y angustiante situación que viven los imputados presos, se tiene una buena imagen del trabajo de la Defensoría Penal Pública y se reconoce en sus abogados un servicio dedicado y profesional”, explicó luego el capitán Rubén Sáez, alcaide del penal de Peumo.

La actividad terminó cerca del mediodía, con un total de 80 personas atendidas en el módulo de la DPP, muchas de las cuales se fueron con las dudas aclaradas. Sin embargo, en aquellos casos que requerían más datos para una respuesta se fijó un plazo de diez días para analizar las respectivas consultas y enviar a los interesados una carta -vía correo certificado- con la información requerida.

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