Sala de Prensa

16/08/2012

Abogada Bessy Plá representa a joven acusada

Defensa pública rechaza imputación por abandono de menor

Aunque el caso fue inicialmente caratulado por la prensa como un infanticidio no consumado, terminó siendo formalizado sólo como abandono de menor.

Con cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima quedó Stephanie R.M. de 20 años, luego de ser formalizada por abandono de menor, luego de que el pasado sábado -en una casa de la comuna de Pedro Aguirre Cerda- diera a luz a un bebé de 27 semanas de gestación.

Según lo expuesto durante la audiencia, que se realizó en la sala de maternidad del  Hospital Barros Luco, la mujer se encontraba en una casa donde habitualmente se consumía drogas y alcohol, contexto en que empezó a sentir contracciones, para luego parir una niña que fue entregada a personas que se encontraban en el lugar. Luego de ello y por razones no especificadas, la mujer dejó la casa para caminar por el barrio, momentos en que fue conminada por vecinos a volver al lugar.

Una vez allí, Stephanie fue alertada de que su hija recién nacida se encontraba en el techo de la vivienda, por lo que personalmente la bajó y la llevó al recinto asistencial más cercano. Según la Defensora Local Jefe de Maipú, Bessy Plá Saavedra, “no fue la intención de la imputada abandonar a la menor, por cuanto ella después de haber dado a luz dejó encargada a su hija a una persona que también estaba en el domicilio”.

ABANDONO DE MENOR
El caso, que inicialmente fue caratulado por la prensa como un infanticidio no consumado, terminó siendo formalizado sólo como abandono de menor.

A juicio de la defensora, la joven indicó en su entrevista que “salió muy choqueada después de haber dado a luz sin asistencia médica y gente le avisó que fuera, que se devolviera a ver a su bebé, porque no estaba en el lugar en que la había dejado. La joven se devuelve, pide ayuda y se da cuenta de que el bebé está en el techo del domicilio”, explicó.

La jueza del 10° Tribunal de Garantía, Carolina Díaz, fijó un plazo de investigación de 60 días, acogiendo con ello la solicitud efectuada por la defensa pública de la imputada.

 

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