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Exitoso encuentro de defensa penal indígena en San Pedro de Atacama

23/08/2012

En la actividad participaron integrantes de comunidades indígenas atacameñas

Exitoso encuentro de defensa penal indígena en San Pedro de Atacama

La iniciativa fue desarrollada en conjunto entre la Defensoría Regional de Antofagasta y el municipio de esa conocida localidad turística.

Con el objetivo de entregar información sobre la misión de Defensoría Penal Pública y su labor en la sociedad, además de dar a conocer cómo funciona la defensa penal indígena especializada, recientemente se realizó en San Pedro de Atacama un exitoso encuentro sobre la materia.

La actividad, que contó con la participación de integrantes de comunidades y asociaciones indígenas del pueblo atacameño o lican antay -como se les denomina-, permitió conformar mesas de trabajo para contribuir participativamente a la construcción de un modelo de defensa penal indígena para los miembros de esta etnia.

Estuvieron presentes representantes de las comunidades Camar, Talabre y Machuca, y de los sectores de Larachi, Solor, Quitor, Coyo y Checar. Además intervinieron dirigentes de juntas de vecinos de San Pedro de Atacama.

Al encuentro, que se organizó en conjunto con el municipio de esta conocida localidad turística, asistió la facilitadora intercultural de la Región de Arica y Parinacota, Inés Flores, quien trabajó en las diversas gestiones realizadas en torno al caso de la pastora aymara Gabriela Blas, conocido a nivel nacional.

A juicio del Defensor Regional (S) de Antofagasta, Roberto Vega Taucare, su participación “fue de gran importancia para plantear el desafío de una defensa penal indígena desde una perspectiva práctica”.

APOYO MUNICIPAL

Vega agradeció especialmente la colaboración y apoyo del municipio de San Pedro de Atacama y explicó que “esta instancia no hubiera sido posible sin la municipalidad. Esperamos que esta sea la primera de muchas actividades, ya que tenemos mucho que trabajar en el tema”.

Agregó que este acercamiento se enmarca en la obligación de todos los servicios públicos del país, como lo mandata el Convenio 169 de la OIT, de generar mecanismos que aseguren un consentimiento informado sobre materias que afectan directamente a comunidades indígenas, como ocurre con la defensa penal.

La alcaldesa de San Pedro de Atacama, Sandra Berna Martínez, consideró muy importante que los pueblos indígenas conozcan que existe una defensa especializada para ellos “y que tienen derechos y, por cierto, deberes. Es indispensable, entonces, difundir que existe la Defensoría Penal Pública y más aún que brinda defensa penal enfocada en materia indígena, siendo fundamental el trabajo conjunto para la realización de esta y otras actividades”.

En este contexto, los asistentes reconocieron la importancia de poder abordar esta temática desde los propios beneficiarios, pues son de suma importancia las consideraciones que puedan hacer las propias comunidades en el desarrollo de esta política pública.

TRABAJO Y PERSPECTIVAS

Entre otros temas, los asistentes revisaron la labor de la Defensoría Penal Pública, a cargo en la zona del defensor local Hernán Díaz Verdugo. También analizaron el modelo de defensa penal indígena, que fue expuesto por el asesor jurídico de la Defensoría Regional, Ignacio Barrientos Pardo, como también la labor del facilitadora intercultural y una reseña de casos, todo lo cual estuvo a cargo de Inés Flores Huanca.

Al final de la jornada se conformaron tres mesas de trabajo para conocer áreas o temas en los que pudiese existir alguna controversia con el aparato penal del Estado, ámbito en el que todos concordaron en la necesidad de mantener un diálogo constante: festividades tradicionales y/o religiosas y patrimonio cultural inmaterial (elaboración de alimentación tradicional y uso de medicinas ancestrales).

Los asistentes expresaron la necesidad de repetir estos acercamientos en las diversas comunidades de la zona, cuestión con la que los representantes de la Defensoría estuvieron de acuerdo. También acordaron generar espacios de difusión de la defensa penal indígena en los establecimientos educacionales del sector.

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