Sala de Prensa

29/08/2012

Columna de opinión:

El acceso a la justicia

El siguiente artículo fue redactado por el Defensor Regional (S) de Atacama, Eugenio Navarro Garrido.

Hemos sido testigos de importantes avances en la especialización del quehacer jurisdiccional. Tribunales del Trabajo, de Familia, Tributarios y, en el ámbito del derecho penal, han procurado que los intervinientes en cada una de aquellas esferas tengan las adecuadas destrezas.

Siendo este un progreso evidente, personalmente creo que en el tema del acceso a la justicia -no sólo entendido como la posibilidad de recurrir a  los tribunales con la finalidad de dar solución a los conflictos que se manifiestan en todas las sociedades, sino que también como entregar a las personas las facilidades para que se informen y comprendan el alcance de sus casos particulares- estamos todavía al debe.

Es habitual encontrar en los diversos tribunales a personas que requieren información y tengo la impresión que muchas veces ello no se verifica, ya sea porque existe una gran carga de trabajo para los funcionarios o, derechamente, porque las nuevas formas de gestión que se manejan mediante sistemas computacionales requieren de información que en muchas ocasiones los particulares no tienen, como son -por ejemplo- los roles únicos de causa y, en consecuencia, los funcionarios no pueden acceder a las bases de información.

Específicamente en el ámbito penal, donde ejerzo, los usuarios son derivados a la Fiscalía o la Defensoría, para que se les informe adecuadamente de sus situaciones.

Lamentablemente, a más de diez años de aplicación de la reforma procesal penal, la generalidad de las personas no distingue entre la función de un juez o un fiscal, y muchas veces ello ocasiona que los usuarios realicen un peregrinar por las diversas instituciones, buscando respuesta a sus interrogantes.

Seguramente, por la forma de distribución del trabajo y porque los fiscales no son los abogados de las víctimas, sino que representan el interés estatal -concepto ya difícil de comprender para los usuarios-, se provoca que estas víctimas se sientan indefensas y muchas veces terminen recurriendo al tribunal, con la esperanza de ser oídas. Y allí, nuevamente, se enfrentan a un concepto nuevo, el del procedimiento adversarial, en que al juez tampoco le corresponde ni está en condiciones de informar respecto del estado de la causa.

Mirado desde el punto de vista de la defensa, creo que es igualmente complejo el tema, primero porque muchos de nuestros clientes advierten que el poder decisorio en el caso no está en manos del defensor, sino que del juez o del fiscal, y recurren derechamente a ellos con el objeto de solucionar su problema. O bien piden la información a su defensor, quien tiene la posibilidad de abordar todos los requerimientos, porque los casos son dinámicos y es imposible hacer un pronóstico certero del futuro de un caso, lo que redunda en desconfianza respecto de la gestión de la defensa.

La Defensoría Penal Pública tiene como principal preocupación entregar defensa penal de calidad a toda persona que lo requiera y en cualquier lugar del país. Tema aparte es la atención de los usuarios, ya que pese a que esta materia se encuentra estandarizada a nivel nacional en cuanto -por ejemplo- a la frecuencia de la visitas a nuestros clientes en los centros penitenciarios, en general se producen duplicidades de entrega de información.

Ello, porque son también los familiares de los reclusos quienes concurren, requiriendo que se les mantenga al día en cuanto al desarrollo de las causas, sin perjuicio que la mayoría de nuestros usuarios son personas que están libres y que van de igual manera a la Defensoría buscando asesoría e  información.

La calidad y el contenido de las entrevistas que sostenemos con nuestros clientes naturalmente se ven condicionados por las cargas de trabajo de nuestros defensores y es por ello que, dentro de nuestros lineamientos, hemos puesto especial atención en este punto.

Así, buscamos capacitar a los defensores en técnicas para llevar a efecto una adecuada entrevista, que permita satisfacer de alguna forma las necesidades de nuestros clientes y, de esa manera, procurar que su situación personal sea llevada de la mejor forma,  consiguiendo así la mejor relación con nuestros usuarios.

Por Eugenio Navarro Garrido,
Defensor Regional (S) de Atacama.

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