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05/09/2012
Defensa solicitó entrega de antecedentes
Tribunal de Garantía de Temuco dio ultimátum al Ministerio Público
El magistrado Federico Gutiérrez dio diez días de plazo a la fiscalía para que dé a conocer los nombres de los testigos protegidos del caso por el atentado al fundo Brasil.
El Tribunal de Garantía de Temuco dio un ultimátum de diez días al Ministerio Público para que entregue al equipo de defensores penales públicos los antecedentes de los testigos protegidos que intervienen en el caso por el atentado al fundo ‘Brasil’ de Vilcún, cuya audiencia de preparación de juicio oral nuevamente fue suspendida.
La audiencia, que estaba programada para las 9 horas de ayer, fue suspendida por décima vez ante la reiterada negativa del Ministerio Público de entregar los antecedentes a la defensa.
La abogada María del Rosario Salamanca, jefa de la Defensoría Penal Mapuche, dejó en claro que tanto esta nueva suspensión de la audiencia como las anteriores no fueron de responsabilidad de la defensa.
“Que quede claro que no es la defensa la responsable de estas suspensiones. Es el Ministerio Público, porque en este caso en particular, en su oportunidad, la defensa pidió que se dieran a conocer los nombres de los testigos y el Tribunal de Garantía así lo ordenó. El Ministerio Público recurrió de protección a la Corte de Apelaciones de Temuco, que rechazó esta protección, y recurrió entonces de apelación a la Corte Suprema, que también la rechazó. De esta forma, ha quedado a firme la resolución del tribunal de garantía, que ordena al Ministerio Público entregar a la defensa el nombre de los testigos”, dijo la defensora pública.
Pese a lo anterior, el fiscal Miguel Ángel Velásquez insistió en su postura de no dar a conocer la información, amparándose en la protección de las víctimas.
Ante esta negativa y al existir una resolución judicial pendiente, el juez Federico Gutiérrez dio un plazo de diez días para que el fiscal del caso entregue los datos al equipo de defensores. La defensa destacó que si ello no ocurre, además de que el fiscal podría eventualmente incurrir en el delito de desacato, pedirán el sobreseimiento definitivo de la causa.
El hecho, por el que nueve comuneros mapuche están siendo llevados a juicio, ocurrió el 11 de septiembre de 2009, cuando se registró un atentado al fundo ‘Brasil’. Se les imputan los delitos de incendio terrorista y robo con intimidación.
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