Sala de Prensa

21/11/2012

Columna de opinión:

¿Garantismo en el sistema procesal penal?

El siguiente artículo fue escrito por el Defensor Regional (S) de Aysén, Fernando Acuña Gutiérrez.

En estos días algunas voces han criticado, desde la comodidad de sus hogares, oficinas y cargos,  sentencias y otras resoluciones judiciales, acusando que existiría un sector de jueces de mentalidad izquierdista y progresista que se hacen llamar garantistas.

Estos jueces, supuestamente ideologizados, habrían permitido con sus decisiones que “delincuentes reconocidos” recuperen su libertad y aprovechen la impunidad que se les ofrece para delinquir una y otra vez, afectando las vidas y el patrimonio de los ciudadanos honestos. Los iluminados contraponen como solución definitiva la aplicación de mano dura y tolerancia cero.

La solución que se ha planteado sería legislar, eliminando obstáculos legales para el entorpecimiento de los procedimientos. Este tipo de juicios incurre en un error, que linda con el horror. 

Pertenecemos a un pueblo de hombres y mujeres libres, que para protegernos de los abusos de autoridad, del poder del Estado, así como también de prejuicios y del actuar arbitrario de terceros, forjamos un estatuto de garantías. La mayor parte de ellas se encuentran en nuestra Constitución y en tratados internacionales.

Se trata de asuntos tan simples como, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. A ser juzgado por un tribunal imparcial, con un procedimiento racional y justo; a  no ser torturado ni asesinado mientras se está preso; a no ser detenido sino cuando lo autoriza la ley; a ser juzgado sobre la base de pruebas obtenidas de conformidad a la ley. En general, se trata de un catálogo de derechos vigentes para todas las personas, lo que se ha aprendido luego de dolorosas experiencias de la humanidad.

Estos derechos nos favorecen a todos siempre. Seamos víctimas o imputados, dan cuenta de la humanidad de nuestras leyes y también de la importancia que le damos como sociedad al respeto por los derechos de las personas.

Los jueces, al aplicar la ley, están obligados a aplicar esta plataforma de derechos, siempre y respecto de toda persona. Afortunadamente son celosos en ello y resuelven sin temor a las incomprensiones.

¿Significa esto que los hombres de bien quedan abandonados a los delincuentes y criminales, y a las triquiñuelas que inventen sus abogados? De ninguna manera. Estamos en condiciones de asegurar que si el Ministerio Público y las policías hacen bien su trabajo, la justicia operará y se aplicarán las sanciones que establece la ley.

Si un juez equivoca una primera decisión, existen todas las posibilidades de presentar recursos y corregir el rumbo. Pero no es posible reprochar al profesional que, conociendo los antecedentes y oyendo a todas las partes, administra justicia considerando el respeto a los derechos fundamentales.

Quienes respetan y hacen respetar nuestro sistema de garantías sólo actúan protegiendo nuestros valores esenciales y eso no les hace sino obreros de paz y justicia. Los defensores estamos profundamente comprometidos con hacer valer el estatuto de garantías legales y constitucionales, que es de todas las personas.

Por Fernando Acuña Gutiérrez,
Defensor Regional (S) de Aysén.

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