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24/07/2007

Eduardo Sepúlveda, Defensor Nacional, denuncia los problemas en la aplicación de la Ley de Violencia Intrafamiliar: "La gente quiere ver castigos ejemplares"

Por José Miguel Jaque, La Nación (martes 24 de julio - www.lanacion.cl)

Eduardo Sepúlveda cuenta que la entrada en vigencia de la Ley de Violencia Intrafamiliar en octubre de 2005 se notó en el trabajo de los defensores. Desde esa fecha, el principal delito que debieron asumir ya no fue el hurto, sino el de lesiones al interior del hogar (16,4%). "Dentro del ranking de los hechos punibles a los que nos dedicamos, el delito de violencia intrafamiliar es el más importante", afirma.

No se trató simplemente de un cambio de página en el Código Penal. La aplicación de la ley resultó compleja para defensores, fiscales, jueces de Garantía, de Familia y de Tribunales Orales. Así lo señala el estudio "La Defensa de Casos de Violencia Intrafamiliar bajo la Ley 20.066", que fue encargado por la Defensoría Nacional al Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales, donde los operadores de la justicia no evaluaron bien la ley (Ver infografía al final de la nota).

Sepúlveda explica las razones. Dice que no es fácil cuando una legislación que se mete al interior de una habitación y pone a un tercero ajeno a esta problemática -en este caso, un juez- a tomar decisiones que van más allá del propio delito. Un ejemplo: "La persona que es denunciada por un hecho de violencia intrafamiliar sigue manteniendo obligaciones para con los hijos. Entonces, el tribunal y la propia víctima se fijan en cómo van a quedar resueltas esas obligaciones permanentes a pesar de que el sujeto quede condenado. Éste es un aspecto muy complejo", explica.

El Defensor Nacional entrega otro dato. Sacar a una mujer agredida de su casa porque corre riesgo de ser nuevamente golpeada implica separar a la familia y que los hijos no puedan estar en contacto con su padre, que a su vez va a tener la obligación de alimentarlos o pagar la pensión. "No basta con llevar el tema al tribunal y buscar una salida alternativa", comenta Sepúlveda. "Tampoco con privar de libertad. Cuando una víctima se da cuenta que su agresor no va a generar ingresos para pagar la pensión alimenticia estando privado de libertad, se retracta. Por eso tenemos que buscar soluciones más complejas. Recurrir a los tribunales como instancia rápida para que resuelvan una situación de esa naturaleza no es sencillo".

Presión por sanciones

No es todo. La violencia intrafamiliar no siempre es visible ni deja moretones. Cuando no hay testigos o no existen todos elementos, acreditar o sostener la acusación de maltrato habitual, especialmente en el ámbito sicológico, se hace casi imposible. "En ese caso, la salida es el archivo provisional o una salida alternativa, por ejemplo, una suspensión provisional del procedimiento. Esto trae como consecuencia que la víctima quede insatisfecha porque busca una sanción ejemplar. Para ella no es sanción que un sujeto entre a un tribunal y salga por la puerta como si nada hubiera ocurrido".

El Defensor dice que la gente quiere ver castigos ejemplares y esa "presión social" también se apodera de los fiscales. "Existe temor de ser apuntados por no proteger a las víctimas", comenta Sepúlveda. "Por eso piden la medida más invasiva: la prisión preventiva. Pero no siempre las pruebas investigativas ameritan que ese sujeto sea un peligro para la sociedad. Y dejarlo libre crea una sensación de impunidad". ¿Qué hacer? Buscar las medidas que eviten la reincidencia.

A una nueva solución, un nuevo problema: la poca efectividad de las medidas cautelares. "No existe un sistema muy adecuado para controlar que se cumplan. Monitorear que un agresor vaya del trabajo a su casa y no se acerque a molestar a la víctima es muy difícil", explica el jurista. De lo que se trata finalmente, dice Sepúlveda, es que la sociedad busque un mecanismo de control efectivo, evitar llenar las cárceles y dar satisfacción al anhelo de justicia de las víctimas.

Cliente de una pasada

El tema es complejo. No sólo en su aplicación, sino en su comprensión. Por eso, la Defensoría activó un convenio con el Servicio Nacional de la Mujer para "sensibilizar" a los defensores. "Estamos disponibles para ayudar a las políticas públicas que combaten la violencia intrafamiliar", alienta Sepúlveda. ¿Cómo? "Si una persona a la cual defendemos va a obtener una salida temprana, queremos que en base a la relación de confianza del imputado y su defensor, éste le haga comprender que fue un hecho grave, significativo para la sociedad, y que no lo queremos volver a tener como cliente"

Ese trabajo busca frutos complementarios. Por ejemplo, que el imputado acepte como condición someterse a algún tipo de tratamiento terapéutico o realizar terapias de familia. Si hay alcoholismo o drogadicción, la idea es trabajar con otros órganos del Estado para prestar ese servicio.

La estrategia ha dado resultados. "Son pocos los clientes que se repiten. Pero lo que queremos es que nadie se repita el plato", concluye Sepúlveda.

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