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Defensor Regional de Tarapacá explicó trabajo de los abogados institucionales

12/11/2012

Tomó como ejemplo el “caso Muebles”, actualmente en curso

Defensor Regional de Tarapacá explicó trabajo de los abogados institucionales

Arturo Zegarra explicó a los auditores de Radio Digital de Iquique la forma en que la institución entrega la defensa penal pública.

“Una causa tan compleja como el llamado “Caso Muebles” no puede asumirse sin un estudio profundo, que necesita un tiempo razonable”. Así explicó el Defensor Regional de Tarapacá, Arturo Zegarra Williamson, la razón por la que no es posible remplazar inmediatamente a un defensor si llega a enfermarse y no puede continuar con la defensa de sus representados.

Entrevistado telefónicamente, Zegarra tomó ese ejemplo con los reporteros de Radio Digital de Iquique, al analizar las alternativas generales de ese juicio oral -actualmente en curso-, en el que hay doce imputados, seis de ellos con defensores penales públicos.

El ejemplo analizado surgió porque al comenzar las audiencias en el Tribunal Oral en lo penal de Iquique, una de las defensoras públicas presentó licencia médica y los intervinientes hicieron patente su preocupación por las repercusiones que ello tendría para el caso. Afortunadamente Bárbara Chandía no debió prorrogar su permiso de tres días y el juicio pudo continuar.

El periodista Cristián González, conductor del programa de entrevistas matinales de Radio Digital, consultó si podría nombrarse más de un abogado para cada imputado, a fin de precaver dificultades como la mencionada.

“La Defensoría Regional de Tarapacá tiene 14 abogados, pero con ellos debe atender todos los casos que llegan a su conocimiento. En el tema “muebles” hay cinco profesionales nuestros, y no es fácil poder nombrar a más de uno para cada usuario”, explicó Zegarra, quien aclaró, sin embargo, que se estableció una coordinación que permitirá salvar ese tipo de posibles dificultades.

“Son determinaciones que toma cada defensor público con su cliente. La institución no puede intervenir en esas decisiones privativas de la relación entre ellos”, aclaró el Defensor Regional.

El juicio se refiere a diversos delitos de corrupción pública, como fraude al fisco, asociación ilícita, estafa y otros, los que -a juicio de los acusadores y querellantes- se cometieron entre 2007 y 2008. Entre los imputados figura la ex intendenta Antonella Sciaraffia, junto a empresarios, abogados y funcionarios del Gobierno Regional de Tarapacá. En total hay doce imputados y el término del proceso se estima para unos cinco meses más.

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