Sala de Prensa

26/12/2012

Columna de opinión:

Justicia, lenguaje y legitimidad

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Valparaíso, fue publicado hoy en el diario El Mercurio de esa ciudad.

Las críticas a la reforma procesal penal arrecian. Las cárceles duplicaron su población, pero se ha instalado la idea de que es una “puerta giratoria” para los delincuentes; se dice que ignora a las víctimas, en circunstancias que tienen derechos nunca antes reconocidos; se denuncia que “amarra de manos” a la policía, cuando ésta cuenta con un amplio y novedoso abanico de facultades autónomas.

Las causas de esta percepción negativa de la reforma procesal penal son múltiples y complejas. De ellas, quiero referirme a una que considero responsabilidad de los abogados, sea que actuemos como defensores, fiscales o jueces.

La publicidad y la oralidad de los juicios tienen entre sus objetivos facilitar el conocimiento de las resoluciones judiciales y de sus fundamentos. Se trata de hacer transparente a la justicia, de mostrar al amplio público cómo opera. Este objetivo se ha frustrado, los procedimientos orales no lo cumplen.

Una de las causas es que los abogados seguimos utilizando un leguaje altamente técnico, que es ininteligible para la mayoría. Otra es que en muchos casos intentamos abreviar la duración de los procedimientos con el uso de referencias, citas y otras fórmulas misteriosas, que son incomprensibles para quienes no ejercen nuestro oficio. 

A veces la víctima o el imputado no entienden casi nada de lo que sus abogados han dicho en la audiencia y entre algunos jueces, la valoración  excesiva de la rapidez en su trabajo ha llevado a extremos: tal es la velocidad en el pronunciamiento de ciertas resoluciones, que incluso los oídos más entrenados son incapaces de comprenderlas. 

En un reciente juicio oral se necesitó reproducir la grabación de una audiencia previa celebrada ante el juez de garantía. Los tres integrantes del tribunal no pudieron entender la intervención de su colega y creyeron que había un problema con la velocidad de  registro. Con nerviosismo, el fiscal y el defensor aclararon que no había error en la grabación, que el juez de garantía habla habitualmente así y, finalmente, se debió reproducir el registro de audio a menos velocidad, a menos revoluciones, para que los juzgadores pudieran escuchar cabalmente las decisiones de dicho magistrado.

Esto afecta la legitimidad social de la justicia.

Si los fundamentos de las resoluciones judiciales no son audibles, si no son comprensibles o si se omiten, probablemente se les tendrá por ausentes o por arbitrarios. Si la comunidad no entiende cómo y por qué actúan los tribunales, sus decisiones no le servirán de guía. La opacidad de la justicia mina gravemente su prestigio.

Los  abogados tenemos el deber de  usar un lenguaje comprensible para los destinatarios de nuestra función o servicio. El Estado de Derecho también depende del cumplimiento de esa obligación.

Por Eduardo Morales Espinosa,
Defensor Regional de Valparaíso.

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