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06/12/2023

El Defensor Regional y sus pares de la Fiscalía y la Corte destacaron el trabajo interinstitucional en la zona

Defensoría, Corte de Concepción y Fiscalía conmemoraron los 20 años de la reforma procesal penal en Biobío

Con un acto en el salón del pleno de la Corte de Apelaciones penquista, las tres instituciones recordaron este aniversario con una revisión de los que han sido estas dos décadas del nuevo sistema de justicia criminal y los desafíos que enfrenta en la región.

Por Victoria Haquin V.;
Defensoría Regional del Biobío.

El 16 de diciembre se cumplen 20 años desde que se inició la reforma procesal penal en la región del Biobío, periodo en que no sólo se instauró un nuevo sistema de justicia en la zona, sino que además nacieron dos instituciones: el Ministerio Público y la Defensoría Regional del Biobio.

La actividad, que se realizó en el salón del pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción, fue encabezada por el titular de cada institución: Carola Rivas Vargas, presidenta del tribunal de alzada; Marcela Cartagena Ramos, fiscal regional; y el Defensor Regional del Biobío, Osvaldo Pizarro Quezada, quienes coincidieron en que el trabajo interinstitucional es el principal sello de la región en materia de justicia.

LA JUSTICIA NO SE DETIENE
Junto con destacar los principales logros de la Defensoria Regional del Biobío en estas dos décadas, Pizarro valoró la capacidad que el sistema ha tenido de enfrentar calamidades, revueltas sociales, incendios forestales e incluso una pandemia mundial sin detener sus funciones, sin dejar de entregar justicia y -en el caso de la institución- sin dejar de velar por el resguardo de los derechos de las personas imputadas y condenadas.

“Lo que hacemos entre todos nosotros es cumplir una garantía, que es entregar justicia para las víctimas, para los imputados y dar una imagen a la sociedad de que el estado de derecho está vigente en la región del Biobío más que nunca”, señaló.

COORDINACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO
La valoración al trabajo interinstitucional llevado a cabo en estos 20 años y la posibilidad de coordinarse para llevar a cabo esta tarea marcaron el balance realizado por cada una de las instituciones.

Para el Defensor Regional, "el trabajo interinstitucional genera una tremenda diferencia con aquellas regiones que no tienen esta sinergia. Las personas que están detrás de estas instituciones han permitido siempre que este sistema de justicia funcione de manera adecuada. Hemos sido capaces de sentarnos en la mesa, conversar nuestras dificultades, nuestras brechas, posicionar nuestras mejoras, darnos cuenta de que efectivamente hay cosas que no sabemos y que tenemos que resolver y eso se extrapola a distintas áreas. Todo eso nos tiene muy contentos”, aseguró.

La fiscal regional, en tanto, manifestó que “es un error enorme pensar que uno tiene que llevarse mal con el juez o con el defensor. La relación interinstitucional hay que cuidarla, porque es en lo que se basa el resultado y el buen devenir del sistema, que existe para que los chilenos y chilenas tengan mejor justicia”, enfatizó.

Según la presidenta de la Corte, con sucesos como el terremoto o la pandemia “nos dimos cuenta que las tres instituciones, trabajando coordinadamente y en colaboración, pudimos seguir dando el servicio y respondiendo a todos nuestros usuarios y usuarias”, indicó.

LOS DESAFÍOS
El Defensor Regional adelantó, además, algunos de los desafíos a nivel institucional, como adaptarse a las nuevas tecnologías de la información y a la transformación digital del Estado para mejorar la eficiencia, la transparencia y el acceso a la justicia de las personas.

Pizarro destacó también la necesidad de fortalecer la calidad de la defensa penal, desarrollando una litigación estratégica y eficaz, que responda a las problemáticas emergentes y complejas del sistema de justicia penal, y que incorpore siempre un enfoque de derechos humanos y de atención a los grupos más vulnerables.

Finalmente, destacó que, tras 20 años de vigencia de la reforma, existe hoy la necesidad de que la Defensoría Penal Pública logre su autonomía institucional, para evitar injerencias o presiones que puedan afectar el ejercicio de la defensa penal y el debido proceso legal.

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