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Tribunal oral de Concepción fijó las costas por juicio contra Recaredo Gálvez

10/01/2013

La Fiscalía y el querellante particular deberán pagar 3 millones 651 mil 921 pesos

Tribunal oral de Concepción fijó las costas por juicio contra Recaredo Gálvez

El monto corresponde al arancel de referencia de la Defensoría Penal Pública para el pago por los servicios jurídicos en un juicio oral.

La audiencia de lectura de la sentencia, no fue -como suele ocurrir- el paso final para el caso del dirigente estudiantil Recaredo Gálvez Carrasco, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, quien fue acusado de intentar lastimar a un oficial de Carabineros con una bomba molotov en 2011. Y no lo fue, porque el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción decidió condenar en costas a la Fiscalía y al querellante particular.

Por eso, el Defensor Local Jefe de Concepción, Humberto Alarcón Corsi -quien representó al estudiante- solicitó luego que ninguna de las partes recurriera de nulidad, que la sentencia de su inocencia quedara firme y ejecutoriada y que el tribunal citara a una audiencia para fijar y tasar las costas del juicio.

Ese trámite se realizó el pasado miércoles 9 en el mismo tribunal oral, donde los jueces Hernán Rodriguez, Ximena Israel y Celín Figueroa determinaron que el monto de las costas del juicio asciende a 3 millones 651 mil 921 pesos. Lejos de los 200 mil pesos que solicitaron la fiscalía y el querellante como monto a pagar.

ARANCEL DE REFERENCIA
La cifra corresponde al monto que la Defensoría Penal Pública tiene fijado como arancel de referencia para el cobro a sus usuarios, en caso de sus respectivas causas lleguen a un juicio oral y éstos tengan los recursos para pagar el servicio.

“Fue una causa compleja, que obligó a la institución a destinar una serie de recursos. Pensábamos que las costas podían ser mayores, pero estamos conformes, porque se fijó un monto razonable, teniendo presente los aranceles que maneja la Defensoría para el caso de un juicio oral”.

En principio, esta decisión no puede ser apelada y una vez que la Defensoría sea notificada de que la resolución se encuentra a firme, se procederá a oficiar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que haga efectivo el cobro, que tal como el tribunal detalló en su sentencia, debe ser cubierto en dos tercios por la Fiscalía y el tercio restante por el mayor de Carabineros Rolando Molina.

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