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Estándares y eficiencia de la defensa penal

16/08/2007

Estándares y eficiencia de la defensa penal

Columna de Erwin Neumann Montecinos, Defensor Regional de Aysén

Nuestra sociedad debiera sentirse satisfecha y conforme cuando una institución pública -como es la Defensoría Penal- realiza bien su trabajo. Lo que corresponde es exigirle a los demás intervinientes igual eficiencia en sus funciones.

Entre los derechos que asisten a una persona imputada de una falta, crimen o simple delito, está el de tener acceso a defensa jurídica desde los actos iniciales de la investigación, garantía que consiste básicamente en que es obligación del Estado proveer al sujeto pasivo del proceso penal, es decir el imputado, de asistencia letrada en caso que éste carezca de ella, ya sea por razones económicas o de otra índole.

Esta "asistencia letrada" debe ser ejercida por un abogado titulado y no por egresados o estudiantes de derecho.

La explicación de esta obligación del Estado radica básicamente en el reconocimiento que en el proceso penal siempre existirán dos partes con intereses contrapuestos, y que éstas deberán encontrarse en igualdad de condiciones para formular sus alegaciones e incorporar sus pruebas. Así, esta defensa jurídica que proporciona el Estado resulta ser una clara manifestación de los principios de solidaridad y de igualdad ante la Ley consagrados en la Constitución Política, en diversos Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte y en una serie de disposiciones de carácter legal.

Este derecho a defensa que es válido para todas las personas - sin importar su profesión, oficio, condición económica, cultural, política, religiosa, sexual, etc. - implica para los abogados defensores un desempeño profesional impecable.

Ocurre que el ejercicio de la profesión de abogado (en nuestro caso de abogados defensores en lo penal), exige que nuestro trabajo cumpla con altos estándares de calidad y que sea desarrollado de manera profesional, en busca de un mejor resultado en atención a los hechos que dan origen a la causa penal y a la aplicación efectiva de la ley.

Con esta alta exigencia de calidad en nuestro quehacer - que ha sido un requisito impuesto por el Estado y la legislación que orienta el ejercicio de la Defensa en nuestro país - resulta difícil comprender a algunas personas que señalan que los defensores hacen "demasiado bien" su trabajo.

Resulta difícil de comprender, porque la lógica indica que nuestra sociedad debiera sentirse satisfecha y conforme cuando una institución pública - como es la Defensoría Penal - realiza bien su trabajo. El punto crítico, a mi parecer, es que no basta con que una institución haga bien el trabajo que está llamada a realizar, sino que lo que corresponde es exigirle a los demás intervinientes del sistema igual eficiencia en sus funciones. Sólo de esta manera, podremos lograr la tan ansiada aplicación de justicia de manera eficiente, efectiva, objetiva y transparente.

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