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"Víctima no debe estar en proceso penal"

20/06/2013

Leonardo Moreno en Universidad de Talca

"Víctima no debe estar en proceso penal"

Defensor Regional Metropolitano Norte expuso en seminario organizado por Centro de Estudios de Derecho Penal, compartiendo con expsoitores extranjeros y nacionales.

Por José Ignacio Aguirre
Defensoría Regional Metropolitano Norte

La creciente importancia que la víctima de delitos penales ha ido adquiriendo en las temáticas de opinión pública, han derivado en iniciativas legales que buscan otorgarle cada vez más derechos. Entre los juristas hay una pregunta que demuestra lo poco consultado que han sido los expertos: ¿Debe ser la víctima un actor del proceso penal?. Para resolver esta duda, se invitó a juristas extranjeros y nacionales, entre ellos el Defensor Regional Metropolitano Norte, Leonardo Moreno.

Para debatir sobre esta materia, el Centro de Estudios de Derecho Penal, CEDEP, de la Universidad de Talca, organizó un seminario internacional titulado “La Víctima en el Sistema de Justicia Penal”. Llamó la atención la opinión generalizada entre los expositores y comentaristas de que la víctima no debe ser considerada un actor del proceso penal.

En la primera exposición el jurista español Íñigo Ortiz de Urbina, planteó que aunque la víctima sufre la acción ilícita de otra persona, desde que se activa el proceso penal entra a operar el Estado, cuya misión es velar porque se haga justicia. Por ningún motivo, enfatizó, se puede dar cabida a la venganza. Agregó que el auge de la presencia de la víctima obedece a objetivos políticos.

Algo parecido agregó, a las políticas de mano dura como las muy criticadas políticas represivas aplicadas en Estados Unidos. Precisó que en ese país hay más de dos millones y medio de personas presas en circunstancia de que a principios de los 80 esa cifra llegaba a sólo 500 mil. Sin embargo, a pesar del explosivo aumento de personas privadas de libertad los indicadores de delincuencia sólo bajaron en un 9 por ciento. Ejemplificó con otro dato lo contraproducente de esas políticas efectistas: estudios constatan que el 50 por ciento de las bandas criminales de ese país se forman en los recintos penales.

En el segundo panel el académico de la Universidad Diego Portales Mauricio Duce, expuso que a pesar de las críticas de los juristas, esta incorporación de la víctima como actor del proceso penal es una tendencia que llegó para quedarse. Coincidió en que este fenómeno es consecuencia de una irrupción de carácter política, no jurídica, producto de demandas sociales anti delincuencia. Informó que esto es un proceso que no sólo se da en Chile ya que hoy prácticamente todos los códigos de América Latina han incorporado a la víctima como un actor del proceso penal.

Duce puntualizó que esto podría incrementarse ya que la opinión pública está exigiendo a las autoridades que las víctimas tengan derechos cada vez más fuertes en la justicia penal. Precisó que ya no se trata de los derechos a ser atendido y escuchado por el fiscal, sino que a participar activamente en diligencias del procedimiento. Concluyó que una expresión de esta tendencia es el proyecto de ley que crea la llamada Defensoría de las Víctimas.

Buenas intenciones versus malas soluciones

Mauricio Duce sostuvo que en gran medida esta demanda social es producto de la frustración, y que lamentablemente la Fiscalía, lejos de ayudar a mitigarla, la ha profundizado. Señaló que expresiones reiteradas de los fiscales en cuanto a que ellos no representan a las víctimas, sino al Estado, poco ayudan a que estas personas se sientan amparadas en tan difícil momento. Añadió que tampoco contribuye el exceso de causas que pasan a archivo provisional sin entregar mayores explicaciones a las víctimas.

En su comentario, Leonardo Moreno coincidió con las críticas de los juristas a esta hipertrofia de los derechos de la víctima en el derecho penal. Afirmó categóricamente que “la víctima no debe participar en el proceso penal”. Señaló que entiende las demandas sociales, pero esto ha generado un escenario de “buenas intenciones versus malas soluciones”, ya que se están adoptando medidas sin considerar las alteraciones que esos cambios pueden producir en el conjunto del sistema de justicia penal, cuya construcción está sustentada en los equilibrios que debe tener el debido proceso.

Una de las malas soluciones, afirmó Moreno, es la creación de una defensoría de las víctimas, como si la incorporación de otro abogado al proceso penal fuera gravitante, cuando la experiencia dice que no lo es. De hecho, precisó, en las causas en que participan querellantes particulares su aporte en la inmensa mayoría de los casos es ínfimo, ya que normalmente se adhiere a la investigación y planteamientos que hace el Ministerio Público. En consecuencia, dijo, se está creando una nueva institucionalidad a un costo altísimo, creándose una gran expectativa entre las víctimas de delitos, que muy probablemente no van a se satisfechas.

Concluyó que sería mucho más eficiente que la fiscalía ejerciera con mayor dedicación su obligación de atender e informar a las víctimas, antes de crear nuevas institucionalidades, que no darán satisfacción a las demandas sociales, generándose nuevos problemas para la autoridad.

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