23/09/2013
Nota Publicada en Revista Capital
A la cárcel, por nada
Nota publicada en revista Capital que da cuenta como reconocimientos erróneos de víctimas o testigos y procedimientos policiales o judiciales desprolijos, llevaron a 29 chilenos injustamente a la cárcel. Situaciones que el Proyecto Inocentes busca revertir.
A sus 19 años, Cristián Rojas Galvani fue condenando por robo con homicidio. Un reconocimiento fotográfico realizado por una testigo lo sindicó como el principal responsable del asesinato de un estudiante universitario cerca del Campus San Joaquín de la Universidad Católica, a mediados de 2008.
Esa prueba, la única que tenía el Ministerio Público, hizo que Rojas fuera condenado a 10 años y un día de presidio. Fue el inicio de una pesadilla casi kafkiana que culminó dos años después, cuando el Séptimo Tribunal de Santiago lo absolvió del delito, luego de que el defensor público Claudio Aspe lograra demostrar que la testigo se había equivocado.A Rojas, lo habían descrito como un joven enérgico, de tez blanca y estatura media, en circunstancias de que es un hombre moreno que mide 1,47 metros y camina con dificultad, porque padece del síndrome de Rokehart, una enfermedad que provoca deformaciones en las extremidades.
Como ni la descripción, ni el relato de los hechos calzaban, los magistrados anularon el juicio y Cristián Rojas fue absuelto por unanimidad, demostrando cómo cualquier ciudadano puede ser víctima de las arbitrariedades del aparato punitivo, que esto le puede pasar a cualquiera y lo que es peor: que no existe protección adecuada cuando el sistema se empeña en acusar a alguien.
Para evitar que este tipo de situaciones sigan sucediendo, el pasado 27 de agosto la Defensoría Penal Pública presentó el Proyecto Inocentes, una iniciativa que busca reparar en parte los errores del sistema y que se inspiró en The Innocense Project, un programa creado en 1992 en Nueva York por los abogados Peter Neufeld y Barry Scheck, con el objetivo de rehabilitar a inocentes encarcelados y buscar la reapertura de causas sentenciadas por error. Ya han liberado a 311 personas, algunas de las cuales esperaban incluso la pena de muerte.
En Chile, el proyecto partió con 29 casos, incluido el del animador Pablo Mackenna, quien tras dos días en la cárcel fue declarado inocente de las acusaciones de abuso sexual contra una menor de edad en el Casino de Viña del Mar. “Estos primeros casos que se exponen tienen valor cualitativo, porque reflejan que el sistema chileno comete errores y que una persona puede ser condenada siendo inocente. El objetivo no es apuntar a un actor del sistema en particular, sino promover entre todos un debate sobre las causas de error y los mecanismos para resolverlas”, dice el Defensor Nacional, Georgy Schubert.
De los 29 casos, cuatro corresponden a la zona norte de Santiago. “En el reino de las cifras, estas personas son presentadas como un grupo pequeño, que puede parecer irrelevante. Pero cada una de ellos constituye un drama, porque no sólo fueron acusados y encarcelados, sino que la estigmatización social derivó en que algunos fueran despedidos de sus trabajos y otros abandonados por sus familias. Este drama no puede reducirse a una cifra en el margen de error de la persecución penal”, agrega el Defensor Regional Metropolitano Norte, Leonardo Moreno.
En Chile, la justicia considera que el testimonio de una víctima o testigo puede ser prueba suficiente para condenar a alguien. Igual de poderosa es la versión de las policías, que manejan la recolección de pruebas y cuentan además con el respaldo de la institución.
José Luis Cares debió enfrentarse a ello. Fue formalizado y sometido a prisión preventiva por cinco meses, pese a que ni siquiera tenía antecedentes penales. Y todo, porque se parecía al retrato hablado de un delincuente buscado por la policía. Sólo tras una larga espera de los resultados del examen de ADN, el defensor público José Brussi convenció a la fiscalía sobre la inocencia de Cares, quien recuperó su libertad.
Por ello, el Defensor Regional Metropolitano Sur, Claudio Pavlic, agrega que pese a los reclamos públicos y del gobierno por mayor dureza con los imputados, la presunción de inocencia es un concepto que, “pese a todo ha sido difícil de dar a entender”.
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