28/08/2007
Columna: Acerca de un encuentro...
Pedro Casanueva Werlinger, Defensor Regional de Antofagasta
Los primeros días de agosto se llevó a efecto, por primera vez en Antofagasta, un Encuentro Nacional de Defensores Regionales y autoridades nacionales de la Defensoría Penal Pública.
La importancia de este encuentro, más allá de los temas propios del quehacer de una institución, se encuentra en la observación permanente de los avances y dificultades del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, que se encuentra vigente en todo el territorio de la República.
A pesar de las críticas muy livianas que estamos acostumbrados a escuchar y a leer en los medios de comunicación social, la evaluación, que desde una mirada técnica y seria se realiza, es a todas luces positiva.
Surge con fuerza la constatación que el país cuenta con un sistema acorde con las exigencias de un Estado moderno, democrático y de derecho.
Efectivamente, ahora existe un verdadero proceso penal, en donde quienes intervienen en este escenario muchas veces dramático, lo hacen con el respeto de los derechos y las garantías que el Estado se compromete a consolidar. Víctimas e imputados son sujetos de derechos, que desde esa óptica participan y aportan a la tarea, propia de nuestros jueces, en lo de resolución del conflicto jurídico penal.
Claramente, una de las cuestiones centrales de la reforma al sistema penal, fue la creación de un organismo autónomo a cargo de la persecución penal, misma entidad encargada de dirigir la investigación criminal y, desde esa óptica, ejercer un control civil, al menos en ciertos ámbitos, respecto de las actuaciones de las policías.
El sistema democrático se fortalece en la medida que existan efectivos controles de las instituciones a las cuales se les ha dotado de atribuciones muy delicadas en el campo de la investigación de los delitos y de la prevención de los mismos, con la posibilidad incluso, de la fuerza legítima respecto de los ciudadanos. Nuestra sociedad todavía recuerda épocas en que ciertas instituciones actuaron sin control, con nefastas consecuencias en relación al respeto de los derechos de los ciudadanos.
El Ministerio Público tiene, en consecuencia un rol, de la más alta importancia, como se puede apreciar. Sería lamentable, que se debilitare esta tarea, bajo el pretexto de dotar de mayores atribuciones a las policías en la lógica de una mayor eficiencia en la llamada "lucha contra la delincuencia". Quien podría oponerse a realizar los cambios que sean necesarios para perfeccionar, en lo que corresponda el sistema penal en Chile y la persecución de la criminalidad. Lo que debe preocupar, es que eso implique un retroceso, en el camino correcto del control civil de las actuaciones policiales.
Al final de nuestro encuentro, sin perjuicio de avanzar en el análisis de procesos institucionales internos, con miras al mejoramiento del trabajo de la Defensoria Penal Pública, concluimos con la convicción de que lo que hoy día se ha conquistado debe destacarse y consolidarse.
Es entonces, indispensable que la ciudadanía tome conciencia del enorme avance que ha significado en la historia de nuestro país el actual sistema procesal penal.
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