Sala de Prensa

06/11/2013

Vuelco en causa de la Región Metropolitana Norte

Fiscal Regional investiga a carabineros que denunciaron a imputados absueltos

El caso se originó después de que durante un juicio oral realizado en 2012, el fiscal José Manuel Ramírez acogiera la tesis de la defensa y pidiera absolución de imputados. El defensor Silverio Fuentes planteó que la versión incriminatoria de los carabineros era incompatible con los antecedentes de la investigación.

Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.

El defensor penal público Silverio Fuentes lo planteó desde el principio en esta causa: había demasiadas incoherencias como para que la acusación de la policía contra un familia fuera verdad. Primero, que los formalizados fueran un papá, su hijo y una sobrina. Segundo, que ninguno de ellos tuviera antecedentes. Y tercero, que ninguno de los vecinos que presenciaron los hechos avalara la versión de los carabineros y, por el contrario, respaldaran plenamente la versión exculpatoria de los imputados.

Para los involucrados, el hecho de que este episodio ocurriera el 28 de diciembre de 2011 -día de los inocentes- resultaba una cruel ironía. Según la denuncia de los carabineros, ellos sorprendieron en delito flagrante a Rubén Alberto Vigorena Muñoz (44), a sus hijos Carlos Andrés (20) y José Manuel Vigorena Bernales (17) y a su sobrina Roxana del Pilar Bernales Ibarra (27) transfiriendo drogas en la vía pública a sujetos no identificados.

Según los uniformados, el padre y la sobrina fueron detenidos y en sus vestimentas portaban dosis de pasta base de cocaína, mientras que los dos hijos huyeron hacia una vivienda cercana. Como supuestamente se trataba de un delito flagrante, ingresaron al inmueble y detuvieron a los jóvenes, quienes aparentemente trataron de defenderse con un arma de aire comprimido.

Los efectivos dijeron también que encontraron dos bolsas con 11, 8 gramos de la misma sustancia. El que dirigió el procedimiento fue el sargento Vega Betancourt, principal testigo de la fiscalía. A él se sumaron los demás participantes del operativo: el cabo Manuel Alejandro Espinoza Lorca, el sargento Mauricio Alejandro Estrada Rodríguez y el cabo segundo Óscar Eduardo Acuña Ferrada. 

LAS INCONSISTENCIAS
En el juicio oral, realizado en el Segundo Tribunal Oral de Santiago, la defensa pública representó una serie de inconsistencias que hacían inverosímil la versión de los carabineros. Todos tenían versiones distintas acerca de la ubicación de los imputados en el sitio de suceso. Más extraño fue que ninguno de los policías reconoció haber sido el que encontró las bolsas con pequeñas dosis de droga y el arma hechiza que el fiscal presentó como prueba en el juicio.

Más duda generó el testimonio de una vecina, quien afirmó haber visto a uno de los policías haber sacado de la maleta del auto policial el arma incautada y verlo ingresar con ella a la casa de los detenidos.

Por el contrario, los numerosos moradores de la casa allanada sin orden judicial y los vecinos presentaron relatos coincidentes en favor de los imputados. Por esta razón, el defensor público Silverio Fuentes planteó una teoría alternativa a la del Ministerio Público, en la que sostuvo que el miércoles  28 de diciembre de 2011 Rubén Vigorena –quien estaba trabajando como albañil en una obra cercana- llegó a su casa de la Población Santa Mónica en Conchalí, para almorzar.

Sin embargo, le llamó la atención que hubiera un carro policial y cuatro carabineros ingresando a la vivienda del frente. Era la casa de Patricia Elizabeth Muñoz Quintanilla, de 39 años, quien vivía ahí con sus tres hijos. Al respecto, la mujer relató en el juicio oral que los policías ingresaron a su casa sin ninguna orden judicial exigiendo que les dijera dónde estaba la droga, a lo que ella replicó que ella no sabía nada de eso.

Después, integrantes de la familia Vigorena Bernales declararon que vieron que los carabineros salieron ofuscados de la casa del frente y se dirigieron a su casa y exigieron entrar. Los habitantes de la vivienda -entre ellos varias mujeres, incluida la suegra del dueño de casa, de 78 años y quien resultó lesionada- se negaron a dejarlos pasar y les exigieron un orden judicial.

SOLICITUD DE ABSOLUCIÓN
Fue ahí cuando Rubén Vigorena, de 44 años y sin antecedentes, quien venía llegando a su hogar, se enfrascó en una riña con los carabineros, quienes –según el relato de vecinos- lo golpearon duramente. Todos los imputados afirmaron que los carabineros le dijeron varias veces 'te voy a cargar'.

Con todos estos antecedentes, Silverio Fuentes afirmó que el supuesto tráfico de drogas en la vía pública era una absoluta falacia y pidió la absolución de los imputados.

Fue así como en los alegatos de clausura ocurrió un hecho inédito en la reforma procesal penal: el propio fiscal, José Manuel Ramírez, en vez entregar el argumento final de su acusación, solicitó al tribunal absolver a todos los imputados.

Y no sólo eso. También expresó que el comportamiento de los carabineros presentaba graves irregularidades –especialmente el el caso del sargento Vega Betancourt, quien a pesar de haber estado a cargo del procedimiento policial y haber sido el principal denunciante, no llegó a declarar al juicio oral-, por lo que anunció que iniciaría una investigación en contra de los policías involucrados.

De este modo se abrió una causa por obstrucción a la investigación, que fue asumida por el propio Fiscal Regional, Andrés Montes. De hecho, el defensor público Silverio Fuentes ya fue citado a declarar.

Respecto de las absoluciones, Fuentes declaró que nunca dudó de la inocencia de sus defendidos, ya que aparte de las inconsistencias en las imputaciones de los policías, ellos siempre reiteraron su inocencia. De hecho -agregó- la fiscalía les ofreció varias veces salidas alternativas, que en cualquier caso resultarían muy convenientes, pero ellos las rechazaron de inmediato.

Silverio Fuentes hizo presente el severo costo que este caso significó para toda la familia Vigorena Bernales, pues desde que se inició esta causa la vida de los imputados se vio muy alterada y tensionada, por el hecho de que sus falsos acusadores eran carabineros.

En el caso de Carlos Andrés, el hijo mayor de Rubén Vigorena, la situación adquirió mayor dramatismo ya que permaneció nueve meses en prisión preventiva.

INVESTIGACIÓN DEL FISCAL REGIONAL
Después de que quedaron en evidencia las irregularidades, la Fiscalía abrió una indagatoria por el delito de obstrucción a la investigación, que el fiscal regional Andrés Montes asumió personalmente.

Para el éxito de las diligencias -entre ellas una serie de interrogatorios a funcionarios de Carabineros- solicitó al Defensor Regional Metropolitano Norte, Leonardo Moreno, mantener el asunto en reserva por un tiempo.

Al comentar las pesquisas, el defensor Silverio Fuentes señaló que surgieron contradicciones entre los funcionarios policiales, razón por la que Andrés Montes hizo una denuncia a Carabineros para que abriera un sumario administrativo en contra de los funcionarios involucrados.

El resultado de ese procedimiento será relevante para su eventual decisión de formalizar a los efectivos policiales, que aún está pendiente.

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