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Expediente de la justicia militar quedó fuera del juicio oral en el caso Moyano

26/03/2014

Inicio de Juicio ante Cuarto Tribunal Oral:

Expediente de la justicia militar quedó fuera del juicio oral en el caso Moyano

Tribunal rechazó solicitud de la fiscalía para incorporar importantes medios de prueba, lo que fue cuestionado por el defensor público Luis Gálvez. Pablo Sanzana, defensor de Freddy Fuentevilla, subrayó la escasa prolijidad de la investigación -una de las más extensas de la historia de la reforma procesa penal-, que mantiene a los tres imputados en prisión preventiva desde hace cuatro años,

Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.

Un importante revés sufrió la Fiscalía durante la última incidencia del primer día de audiencia del juicio oral por el crimen del carabinero Luis Moyano, cuando el Cuarto Tribunal Oral de Santiago rechazó una solicitud del fiscal Ricardo Peña para que se oficiara al tribunal de garantía con el objetivo de que remitiera el expediente de la fiscalía militar al Ministerio Público, para tener a la vista pruebas que consideraban esenciales para la acusación.

El defensor público Luis Gálvez, quien junto a su colega Alicia Corvalán defiende al imputado Juan Aliste Vega, se opuso a la solicitud, explicando que el fiscal debió hacer la petición ante el tribunal de garantía, de manera que al plantearla ante el tribunal oral estaba solicitándole a este último transformarse en un agente persecutor, usando su autoridad para obtener pruebas para la fiscalía. En definitiva, y a pesar de que el persecutor pidió reposición, el tribunal rechazó la petición.

En opiníón de las defensas, esta decisión tendrá efectos importantes en el juicio oral. El defensor público Gonzalo Rodríguez, quien junto a Pablo Sanzana defiende a al imputado Freddy Fuentevilla, declaró que con esta resolución la fiscalía no podrá traer a este juicio oral testimonios y documentos que fueron recopilados en la primera etapa de la investigación, que estuvo a cargo de la justicia militar.

FISCALÍA
Durante la audiencia, el fiscal Ricardo Peña expuso que pretende condenar a los imputados por delitos cometidos en el marco de tres asaltos contra instituciones bancarias.

Se trata de tres robos con intimidación cometidos entre 2006 y 2007 a dos sucursales del Banco Santander -una en Santiago y otra en Valparaíso- y el más grave, ocurrido en octubre de 2007 en el Banco Security del centro capitalino, donde uno de los autores habría dado muerte al cabo de Carabineros Luis Moyano.

Según la acusación, mientras intentaban huir en una moto, los autores se encontraron con dos carabineros en motocicleta y Juan Aliste Vega -quien supuestamente iba en el asiento trasero del vehículo- disparó a corta distancia contra el funcionario policial.

Así, la fiscalía acusó a Aliste Vega como autor de homicidio calificado en grado de consumado, mientras que a él y a Freddy Fuentevilla –quien supuestamente manejaba la moto Suzuki amarilla- los acusó por el homicidio frustrado del cabo Fernán Abarca, ya que ambos le habrían disparado con el objeto de matarlo, sin éxito.

Peña señaló que estos delitos constituyen “delincuencia pura y dura”, ya que la banda no tenía otra fin que la codicia por el dinero que podrían obtener, descartando que estos ilícitos hayan estado inspirados por objetivos políticos o ideológicos.

INCONSISTENCIAS DE LA ACUSACIÓN
Alicia Corvalán, defensora pública de Juan Aliste Vega, representó la inconsistencia de la fiscalía al hablar de “delincuencia pura y dura”, en circunstancia que en varias oportunidades hizo referencia al pasado de los imputados como integrantes del grupo extremista Lautaro y a alusiones antisistémicas escritas por anónimos en distintos sitios web.

En este sentido Pablo Ortega -abogado particular del tercer imputado, Marcelo Villarroel- subrayó también este punto, argumentando que en el caso de su imputado la acusación es muy imprecisa, en cuanto habría “brindado cobertura” sin describir en absoluto la conducta ilícita que se le atribuye. Agregó que Villarroel efectivamente fue detenido esencialmente por su pasado como miembro del grupo Lautaro.

El defensor público Pablo Sanzana, en tanto -quien representa a Freddy Fuentevilla-, dijo que a pesar que con las publicaciones de prensa se ha pretendido una condena anticipada de los imputados, de lo expuesto por la fiscalía se desprende que no existe prueba científica que acredite su participación.

Respecto del testimonio del delincuente habitual Víctor Hugo Jerez, ya condenado por su participación en estos asaltos, señaló que habrá que esperar qué declarará en el juicio oral, aunque advirtió que su testimonio merece dudas, porque podría estar contaminado por la posibilidad de que haya negociado beneficios con la fiscalía.

Luis Gálvez se manifestó también optimista por el resultado del juicio oral, ya que del alegato de clausura del fiscal Peña no se vislumbra prueba sólida en contra de Freddy Fuentevilla, su defendido.

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