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Bárbara Katz: “Somos una institución que ha ido a la vanguardia en la atención especializada de grupos vulnerables”

05/06/2014

Defensora Regional de La Araucanía rindió cuenta pública de la gestión 2013

Bárbara Katz: “Somos una institución que ha ido a la vanguardia en la atención especializada de grupos vulnerables”

Al dar cuenta de la labor institucional del año pasado, Bárbara Katz Medina valoró que el sistema respete los derechos de imputados y condenados y anunció la pronta creación de una sala judicial especializada para imputados ingenas en los tribunales de Temuco.

Por Claudia Riquelme Soto,
Defensoría Regional de La Araucanía.

“Nuestra experiencia como Defensoría Penal Pública avala las conclusiones a que arriba el relator especial de Naciones Unidas y queremos llamar la atención sobre estos puntos, en cuanto a que como sociedad debemos aspirar a procesos penales, investigaciones y procedimientos policiales transparentes y respetuosos de los derechos de las personas, que conduzcan a juicios justos”, dijo la Defensora Regional de La Araucanía, Bárbara Katz Medina, al rendir cuenta pública de la gestión institucional 2013 en esa zona del país.

En una ceremonia a la que asistieron el gobernador provincial de Cautín, José Montalva; el contralor regional de La Araucanía, Ricardo Betancourt; el Fiscal Regional, Cristian Paredes, y la Seremi de Justicia, Claudia Lecerf -entre otras autoridades invitadas-, Katz valoró “la generación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos”.

Como datos relevantes, la Defensora Regional señaló que durante 2013 la Defensoría Penal atendió a 18 mil 151 personas, 791 más que las ingresadas durante 2012, lo que refleja un incremento de 4,3 por ciento.

Entre los delitos más atendidos durante el período, explicó que se mantiene la tendencia de los últimos años, prevaleciendo los delitos de lesiones (24 por ciento), las amenazas (13,5 por ciento) y aquellos contemplados en la Ley de Tránsito (12 por ciento) y quedando sólo en cuarto lugar el delito de hurto.

La Defensora Regional se refirió también a las absoluciones, pues de los 22 mil 448 delitos que terminaron en 2013, en 326 casos se dictó sentencia absolutoria, lo que equivale al 1,5 por ciento de los términos. “Si vemos la cifra aisladamente daría para desalentarse, pero lo cierto es que de estas 326 absoluciones, 124 lo fueron en juicio oral, y si consideramos que durante 2013 los defensores penales públicos de La Araucanía participaron en juicios orales por 436 delitos, ello significa que el porcentaje de absolución por delito en juicio oral es de 28,4 por ciento”, aseguró.

DETENCIONES ILEGALES
Respecto de la legalidad de la detención, durante 2013 ésta fue solicitada por defensores públicos de la región en mil 747 ocasiones, declarándose esta medida en 96 casos, lo que equivale al 5,5 por ciento. Katz explicó que si bien en 2012 el porcentaje exhibido fue mucho mejor, durante el último período aumentaron significativamente las solicitudes de ilegalidad de la detención, en 300 por ciento.

Para la Defensora Regional, esto demuestra “un nivel mayor de compromiso de los defensores en analizar si los procedimientos de detención se ajustan a la normativa vigente. Sí es necesario mejorar los argumentos y, por cierto, creemos que una resolución tan importante como ésta debiese ser susceptible de apelación por la defensa”.

“Resulta ilógico que sólo sea posible apelar de la resolución que declara ilegal la detención por el acusador. Es más, esto no se condice con los parámetros que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que el derecho al recurso es un derecho principalmente del acusado y para todas las resoluciones importantes”, enfatizó Bárbara Katz.

PRISIÓN PREVENTIVA
En cuanto a las medidas cautelares, 956 personas estuvieron sujetas a la cautelar de prisión preventiva o internación provisoria en La Araucanía, lo que representa un 5,3 por ciento del total de causas ingresadas, 0,5 puntos porcentuales menos que en 2012.

“Esto permitió a esta Defensoría Regional subir al sexto lugar en el ranking nacional de regiones con menos imputados sujetos a alguna de estas medidas cautelares, subiendo tres puestos en comparación con 2012”, manifestó la abogada.

Otro de los puntos que destacó la Defensora Regional como eje de su gestión es la calidad de atención de las personas privadas de libertad realizada por los defensores públicos. “Cada quincena se realizan visitas, con el fin de entregarles información acerca de sus procesos, verificar las condiciones de privación de libertad y elaborar la estrategia de defensa en conjunto con el imputado o imputada, además de que permite construir una relación de confianza siempre necesaria entre defensor y cliente”, explicó.

GRUPOS VULNERABLES
La máxima autoridad de la Defensoría Regional dio un lugar preponderante a la defensa de personas en condiciones de vulnerabilidad, “que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”.

Según Bárbara Katz, “las situaciones de vulnerabilidad en que se pueda encontrar una persona se vinculan directamente con el principio de igualdad y no discriminación. Esto, acorde con las obligaciones que establecen los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Chile, especialmente la Convención Americana de Derechos Humanos”.

DEFENSA ESPECIALIZADA INDÍGENA
La región de La Araucanía cuenta con la única defensoría local dedicada de manera exclusiva a la prestación de defensa penal indígena, lo que motivó en 2010 la creación y aplicación de un modelo de defensa penal indígena, que establece criterios cuando un imputado requiere de defensa especializada y también regula el trabajo de facilitadores interculturales y defensores penales de la institución.

La Defensora Regional explicó que por esta razón, la DPP ha ido a la vanguardia en esta atención especializada: “Hemos sido coherentes con principios de acceso a la justicia e igualdad y no discriminación establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT”, aseveró.

De hecho, informó que durante 2013 la Defensoría Regional de La Araucanía atendió a 2 mil 188 imputados indígenas, lo que equivale al 12 por ciento del total de ingresos regionales y al 38,5 por ciento de los imputados indígenas atendidos a nivel nacional.

AMPAROS Y LEY ANTITERRORISTA
Según Bárbara Katz, en los últimos años la Defensoría Penal Mapuche intervino en diversas acciones de amparo en contra de instituciones policiales por vulneración y amenazas del derecho a la libertad y seguridad individual de personas pertenecientes al pueblo mapuche, en muchos casos, niños y niñas o adolescentes.

En directa relación con las investigaciones, juicios y procedimientos policiales respecto de imputados mapuche, la Defensora Regional se refirió a la visita que realizó a la región el relator especial de Naciones Unidas Ben Emmerson.

“Nuestra experiencia como Defensoría Penal Pública avala las conclusiones a que arriba el relator especial y queremos llamar la atención sobre estos puntos, ya que como sociedad debemos aspirar a procesos penales, investigaciones y procedimientos policiales transparentes y respetuosos de los derechos de las personas, que conduzcan a juicios justos”, manifestó Bárbara Katz.

En su visita, Emmerson se reunió con diversas autoridades y distintos actores, tanto a nivel nacional como regional, concluyendo que: “la legislación antiterrorista ha sido utilizada de un modo que discrimina contra los mapuche”.

Un capítulo especial en el discurso de Katz tuvo la historia de varias causas vinculadas al conflicto territorial iniciadas en 2009: “Ataque Tur-Bus”, “Fundo Brasil”, “Tres Luces”, “Peaje Quino”, todas las cuales traían consigo una gran cantidad de imputados mapuche –alguno de ellos adolescentes- y respecto de quienes se aplicó toda la normativa contenida en la Ley Antiterrorista (N° 18.314), que para la Defensora Regional y desde la perspectiva de los derechos humanos, “vulnera en muchos aspectos el derecho a un debido proceso”.

“En aquellas causas se aplicaron diversas herramientas de investigación, tales como el secreto de investigación, el uso de testigos secretos, el uso de la figura de delator compensado. Poco a poco dichas investigaciones se fueron desmoronando, dictándose sentencias absolutorias en todas las causas más emblemáticas, por distintos tribunales orales de la región (Temuco y Angol) y por salas integradas por distintos jueces orales”, afirmó Katz.

La Defensora Regional señaló que estas sentencias absolutorias fueron dejando atrás años de tramitación, con “personas que permanecieron por extensos períodos privadas de libertad. Años de incertidumbre para personas que finalmente la justicia declaró inocentes, o adolescentes que incluso fueron sobreseídos definitivamente, por cuanto la justicia determinó que respecto de ellos se vulneraron sus derechos y garantías constitucionales”.

LOS DESAFÍOS
Dentro de los desafíos mencionados en su discurso, la Defensora Regional informó de una mesa de trabajo y posterior firma de protocolo que permitirá mejorar la gestión institucional, gracias a la creación de una sala penal exclusiva para revisar audiencias programadas con imputados indígenas.

Ello, porque así se acordó en una mesa de trabajo creada en mayo recién pasado, en que participaron también el presidente de la Corte de Apelaciones, Alejandro Vera; el Fiscal Regional, Cristian Paredes, y la presidenta del Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Temuco, María Teresa Villagrán.

"El objetivo de este acuerdo es crear una sala especializada en materia indígena, un hito de singular trascendencia, ya que va en directa concordancia con los tratados internacionales vigentes en nuestro país, mejorando el acceso a la justicia respecto de este grupo vulnerable”.

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL
Durante la realización de la cuenta pública de la Defensoría Regional de La Araucanía, se entregaron cinco reconocimientos a destacados funcionarios.

Los defensores penales públicos Rodrigo Flores Ulloa y Patricio Salinas Gaete recibieron un galardón por su compromiso institucional; Oscar Arias Parra fue destacado por su trayectoria en la institución, mientras que la asistente social María Paz Sandoval y la defensora pública María del Rosario Salamanca recibieron el reconocimiento a la defensa especializada adolescente e indígena, respectivamente.

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