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13/06/2014
Defensor público Juan Pablo Gómez destacó coincidencia del tribunal con argumentos de la defensa
Extensa sentencia por incendio Cárcel de San Miguel confirmó absolución de gendarmes
El fallo de los jueces José Manuel Rodríguez (presidente), Alejandro Huberman y Fernando Sariego criticó duramente la investigación de la Fiscalía y valoró la “abundante” prueba aportada por las defensas públicas de los acusados.
Por Gustavo López Valeria,
Defensoría Regional Metropolitana Sur.
Sin la presencia de ninguno de los acusados se realizó esta mañana la lectura de la sentencia absolutoria en favor de los tres gendarmes y cinco oficiales de Gendarmería a quienes se enjuició por su supuesta responsabilidad penal en el incendio de la cárcel de San Miguel, ocurrido el 8 de diciembre de 2010.
En una breve lectura, que no llegó a los dos minutos, los jueces del Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago -José Manuel Rodríguez (presidente), Alejandro Huberman y Fernando Sariego- confirmaron la absolución, dejando a disposición de los intervinientes el fallo de mil 380 páginas, que resumió los antecedentes que se tuvieron a la vista luego de más de 9 meses de juicio oral.
"ES DIFÍCIL REVOCAR"
A la salida de la audiencia, el defensor penal público Juan Pablo Gómez -quien representó al vigilante Fernando Orrego- indicó que durante estos meses, "el tribunal oral realizó muchas diligencias tendientes a constatar por sus propios medios varias circunstancias, entre ellas una visita al recinto penal, y eso una corte no lo puede realizar. Nosotros estamos absolutamente confiados en que el fallo se va a mantener. Es muy difícil que una corte pueda revocar", sostuvo.
Estas declaraciones se dieron en el contexto del plazo vigente de 10 días que tienen tanto los fiscales como los querellantes para presentar recursos de nulidad que, eventualmente, impugnen la resolución.
Gómez recordó también que durante la etapa probatoria, en varias ocasiones los defensores públicos indicaron que las razones reales del incendio estaban en “las condiciones de infraestructura, el hacinamiento y la alta carga de combustible, pero el Ministerio Público siguió adelante, haciendo oídos sordos a las recomendaciones técnicas”.
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