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23/07/2014
Jefe regional de Estudios fue entrevistado en el programa “Movimiento Ainil” de radio "Sonido Nacional" de Valdivia
Defensa pública del caso Pisú Pisué insistirá en pedir absolución de comuneros imputados
Luis Soto se refirió además a la situación carcelaria en la región, al respeto de los derechos humanos dentro de los penales y al rol de las y los defensores penales públicos.
Por Malú Rodríguez Sepúlveda,
Periodista Defensoría Regional de Los Ríos.
Sobre defensa indígena y situación carcelaria conversaron -el pasado sábado 19 en radio "Sonido Nacional" de Valdivia- el conductor del programa "Movimiento Ainil", José Araya, y el jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Los Ríos, Luis Soto Pozo.
En el espacio dedicado a temas e iniciativas ciudadanas, el abogado explicó el rol de las y los defensores públicos, en tanto “dan cumplimiento a una de las garantías más importantes que provee el Estado en materia penal: brindar defensa técnica de calidad a cualquier ciudadano a quien se le impute un delito”, indicó.
Consultado por el caso Pisu Pisué y la arista ciudadana en torno a la machi Millaray Huichalaf, imputada en esta causa y quien -junto a otras autoridades ancestrales- ha liderado la oposición de comunidades mapuche al proyecto hidroeléctrico Pilmaiquen, el abogado no quiso comentar declaraciones de dirigentes indígenas que acusan persecución política para “acallar estas voces frente al poder económico”.
No obstante, planteó que “el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche es de larga data y excede por mucho a lo penal, que es nuestro ámbito de acción acotado”.
En cuanto a la situación jurídica del caso, Soto mencionó que si bien la Corte de Apelaciones de Valdivia acaba de reincorporar abundante prueba que la defensa había logrado excluir por ilegalidad en la preparación del juicio oral, “aún en este escenario procesal continúa no existiendo ningún antecedente que acredite la participación de los comuneros en este incendio y nuestros esfuerzos como defensa están abocados a la absolución”, aseveró.
“Al final del día, esas pruebas lo único que establecerán es que los seis imputados pertenecen a la etnia mapuche y que algunos de ellos han participado en movilizaciones y marchas en oposición a proyectos económicos, pero no en actos delictivos”, agregó.
En esta causa la fiscalía acusa a seis comuneros -entre ellos dos machis- de haber cometido un ataque incendiario contra la casa del cuidador del fundo Pisu Pisué, en Río Bueno, hechos ocurridos en enero de 2013 y cuyo juicio oral comienza el próximo 27 de octubre.
SITUACIÓN CARCELARIA
Respecto de la situación de la cárcel concesionada de Valdivia, puntualmente respecto de episodios de afectación de derechos fundamentales que han sido tramitados por la Defensoría Regional y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Luis Soto indicó que es importante que la ciudadanía esté al tanto de que “la sanción es la privación de libertad. Nadie puede ser golpeado ni maltratado al interior de un recinto penal”, sostuvo.
En relación a traslados de internos desde otras regiones del país y que han provocado movimientos de presión como huelgas de hambre masivas, el defensor público dijo que los traslados tampoco pueden ser vinculados a castigos por conducta, “ya que esto atentaría con un principio básico para la reinserción social de la población penal, que es el arraigo familiar”.
No obstante lo anterior, el directivo de la DPP dijo que los casos de maltrato corresponderían a situaciones puntuales, “porque la mayoría de las y los funcionarios de Gendarmería cumplen su labor con bastante compromiso, en condiciones para nada fáciles” ,opinó.
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