Sala de Prensa

11/08/2014

Ante pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Defensor Regional de Aysén destacó fallo que ordenó anular sentencias contra comuneros mapuche

Artículo publicado el pasado 07 de agosto por el diario El Divisadero de Coyhaique.

A fines de la semana pasada se hizo público un histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado Chileno por violar el principio de legalidad y el principio a la presunción de inocencia de siete comuneros mapuche y una activista de las regiones del Biobío y La Araucanía, quienes en los años 2001 y 2002 fueron condenados bajo la Ley Antiterrorista.

Varias de estas personas fueron defendidas en su momento por al Defensoría Penal Pública, pero finalmente condenadas a penas que variaron entre los 5 años y un día a 10 años y un día presidio, por delitos tales como “incendio terrorista”,  “amenaza de incendio terrorista”, y “conducta terrorista”.

Lo que ocurrió a continuación, explicó Fernando Acuña Gutiérrez, Defensor Regional de Aysén, es que “habiendo recorrido todos los espacios de la sociedad chilena  dijo -  con el fin de anular estas condenas, estas  personas decidieron ir a una corte internacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo  reconocido por Chile, y presentaron su caso. Al resolver, la Corte advirtió que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de estas personas”, precisó.

Es así que a través de este dictamen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Chile a anular las sentencias y dejar sin efecto las penas privativas de libertad y penas accesorias aplicadas, y liberar a las víctimas que aún se encontraran sujetas a libertad condicional, “frente a tratamientos procesales que fueron claramente discriminatorios – dijo Acuña - y frente a la aplicación de una ley, como es la ley Antiterrorista, que contradice los principios más elementales de los Derechos Humanos”.

El Defensor Regional agregó que de esta manera “la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Chileno por violar el principio de legalidad y el principio a la presunción de inocencia de las ocho personas en cuestión y le ordenó reparar a estas víctimas, las mismas que antes fueron tratadas como delincuentes y terroristas”, señaló.

Ley Antiterrorista

Fernando Acuña comentó además que de cara al fallo de la Corte, estamos frente a un llamado de atención que obliga a la sociedad chilena a replantearse la manera en que enfrenta sus conflictos, especialmente lo que está hoy ocurriendo en La Araucanía y Biobío, y el cómo reaccionamos frente a las injusticias derivadas de la aplicación, en determinados casos, de la Ley Antiterrorista  “cuando la ley es injusta, no está bien diseñada y es mal aplicada, deja de ser ley porque hay otros tipos de ordenamientos que son superiores y que las invalidan”, explicó.

Refiriéndose a la Ley Antiterrorista, Fernando Acuña, señaló que existe legislación y tratados internacionales a los que ha suscrito Chile, que señalan que dicha ley contraviene los principios más elementales de los Derechos Humanos  por lo que es inaplicable, ya  que admite herramientas tales como “testigos sin rostro”, cuya identidad es una incógnita para la defensa y para los imputados; la mantención de personas privadas de libertad de manera arbitraria, o la extensión de las medidas privativas de libertad sin las autorizaciones debidas, entre otras.

En este sentido, el fallo de la CIDH es visto por la Defensoría Penal Pública como un respaldo que reafirma los criterios y argumentos jurídicos que la institución ha sostenido sobre estos temas.

Discriminación

El Defensor Regional destacó además que el fallo de la Corte ratifica  que fue su condición de mapuche más que por pruebas contundentes en su contra, lo que causó que estas personas tuvieran ese tratamiento procesal y finalmente fueran condenadas.

En este sentido llamó a la reflexión sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo, y sobre la importancia de respetar y valorar la cultura de aquellos descendientes de pueblos originarios con quienes convivimos a diario.

Finalmente, Fernando Acuña señaló que en  la Región de Aysén un 26% de sus habitantes se reconoce como de origen indígena, por lo que estos temas no pueden sernos ajenos, “tal vez no tengamos la conflictividad evidente de La Araucanía o del Biobío – dijo – pero, lamentablemente, no escapamos a las situaciones de discriminación en contra de los grupos humanos más vulnerables y eso nos debe preocupar y motivar a la acción”, concluyó.

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