Defensor Regional de Maule. 

Con preocupación hemos visto en la última semana al menos dos episodios graves de violencia escolar -o bullyng- que han salido de la órbita estudiantil, para caer de lleno en el sistema penal de adolescentes: un homicidio en las dependencias mismas de un liceo en Linares y una pelea con cuchillo en mano de señoritas en pleno centro de Talca.

Los resultados del ingreso de menores al sistema penal son nefastos, no sólo por las consecuencias lamentables y a la vista para las víctimas y sus familias, sino por el fracaso de todos los controles sociales informales que se demuestra con actos así.

En efecto, todos han fallado cuando ocurren episodios graves como éstos. Primero la familia, que es el natural medio en que las personas adquieren valores y aprenden a respetarlos en los demás. No es posible que adolescentes vayan armados al colegio y si eso ocurre es porque su núcleo familiar no ha puesto la debida atención en las formas de ser de los niños y no ha sabido encausar la agresividad y la emotividad de las personas que están formándose aún, como los menores.

Falló también el colegio o lugar de enseñanza, que no supo detectar a los alumnos (as) que necesitaba apoyo especial, que no supo detectar conflictos cuando éstos estaban recién aflorando, que no supo canalizar dichos malestares y darles una solución no confrontacional.

En fin, falla toda la sociedad, ya que en definitiva todos somos responsables de que este tipo de manifestaciones de violencia se engendren y se practiquen. Ejemplos abundan y los chicos los siguen… el chofer que no deja de dar bocinazos destemplados y, además, utiliza el vocabulario soez para manejar; el que protesta por algo justo, pero daña los bienes públicos o privados; el que raya las calles o bota la basura al suelo; el que va al estadio y genera desmanes o utiliza bombas incendiarias; el que comenta en redes sociales solo para insultar a los demás. Y un largo etcétera.

Todo lo anterior nos debe hacer reflexionar sobre qué educación queremos para nuestros niños y jóvenes, y cómo dentro de la familia, la escuela o el Estado estamos trabajando para generar mejores personas y que estén donde deben estar: estudiando para un mañana mejor, no encerrados en una cárcel de menores o firmando una vez al mes en una comisaría.

Para evitar aquello, la Defensoría Penal Pública y su Unidad de Responsabilidad Juvenil, en conjunto con la Corporación de Asistencia Judicial, debidamente coordinados con la Seremía de Justicia, hemos realizado ya tres masivas charlas que mezclan el bullying como fenómeno actual y las consecuencias que una agresión verbal o física pueden traer a los adolescentes, cuando ésta deja de ser un juego de patio y se transforma en un delito.

Iniciativas como éstas debiesen multiplicarse con el fin de educar, antes que sancionar, ya que el efecto desocializador y criminalizador en un adolescente que recién tiene 14 ó 15 años puede ser devastador, y ello es así porque tanto como la agresión no es un juego, el derecho penal tampoco lo es.