Sala de Prensa

08/09/2014

Editorial de El Mercurio:

Gestión de la Defensoría Penal (*)

No se trata sólo de aumentar el número de policías, sino de "tener policías más capacitados, mejor remunerados, con mejores condiciones para prestar servicios".

(*): El siguiente artículo fue publicado el pasado sábado 6 de septiembre por El Mercurio, en uno de sus editoriales de ese día.

Tras una reconocida trayectoria en la Defensoría Penal Pública, la semana pasada dejó el cargo de defensor nacional el abogado Georgy Schubert. Su gestión es un ejemplo de cómo en breve tiempo, y sin anteponer demandas económicas, es posible alcanzar objetivos importantes en la defensa de los derechos de las personas.

Durante su administración la Defensoría mejoró y consolidó el sistema de licitaciones -una forma exitosa de cooperación público-privada en la reforma procesal penal- y se avanzó en materias prácticamente abandonadas, como la defensa de inmigrantes y en lo concerniente a la etapa de ejecución de las sentencias.

Por otro lado, una relativa ausencia de la Defensoría en los cauces tradicionales del debate público fue compensada por el desarrollo de estudios de gran alcance teórico y práctico, como el “Proyecto Inocentes”. Inspirada en un proyecto de nombre similar en los Estados Unidos, esta iniciativa se concentra en el estudio de casos de personas que han sido sometidas a un proceso, privadas de libertad o incluso condenadas como consecuencia de errores en la persecución penal.

El proyecto cataloga y analiza en detalle estos casos, concluyendo que la principal causa de error se encuentra en la identificación errónea de los imputados. A ella se suman las declaraciones y confesiones falsas, las falencias en los informes periciales y el mal comportamiento de los agentes del Estado o de los defensores.

Las declaraciones de Schubert al momento de dejar su cargo contienen un mensaje claro sobre las necesidades de mejoramiento del sistema. Este mensaje confirma que la mejor manera de garantizar los derechos de las personas consiste en realizar investigaciones criminalísticas de calidad.

No se trata sólo de aumentar el número de policías, sino de “tener policías más capacitados, mejor remunerados, con mejores condiciones para prestar servicios”, declaró. En coherencia con los resultados del “Proyecto Inocentes” y con sus actuaciones a la cabeza del organismo, Schubert insistió también en que la clave para mejorar el funcionamiento de la justicia penal se encuentra en un incremento sustancial de la coordinación y capacitación de sus diversos actores.

Estas palabras, provenientes de quien ha conocido como pocos la realidad de la justicia penal chilena reformada, deben ser escuchadas si se quiere evitar un deterioro del sistema, cuyos síntomas golpean cada cierto tiempo a la opinión pública.

Sobre la mayoría de los problemas ya se cuenta con diagnósticos y con la visión fundada de los expertos. Ahora es tiempo de actuar. Aunque haya otros temas prioritarios en la agenda política, la conducción responsable de un Estado no puede preterir el cuidado permanente de su justicia penal.

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