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Caso Pisú Pisué: defensor público cuestionó prueba y dijo que se intentará denostar a machi que representa

28/10/2014

Ayer comenzó el juicio por ataque incendiario a ese fundo, ocurrido en enero de 2013 en Río Bueno

Caso Pisú Pisué: defensor público cuestionó prueba y dijo que se intentará denostar a machi que representa

Luis Soto reiteró la ilegalidad de la prueba recogida en el allanamiento a la casa de la machi Millaray Huichalaf y la entregada por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), ya que éstas últimas no tenían que ver con actividades terroristas, sino con acciones de oposición a proyectos hidroeléctricos de las comunidades.

Por Malú Rodríguez Sepúlveda,
Periodista Defensoría Regional de Los Ríos.

Bajo intensas medidas de seguridad y con el apoyo de un grupo de personas apostadas afuera del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia portando pancartas, consignas e instrumentos mapuche -que sonaban cada tanto durante la audiencia-, ayer comenzó el juicio oral por el ataque incendiario al fundo Pisu Pisué, en Río Bueno, ocurrido en enero de 2013 y en el cual se acusa entre autores y encubridores a seis comuneros mapuche, dos de ellos machis.

A la audiencia se presentó voluntariamente el comunero Alex Bahamondes, sindicado como “segundo prófugo” y sobre quien pesaba una orden de detención, medida que quedó sin efecto ante su comparecencia, lo mismo que el recurso de amparo presentado por su abogada privada, Karina Riquelme, como reclamo a la primera medida.

No obstante, se mantiene vigente la orden de detención contra el comunero Francisco Jones Huala, quien no se presentó al juicio y para quien, además, el Ministerio Público y los querellantes solicitaron prisión preventiva, a lo que se opuso su defensor público, Luis Soto.

Los jueces del Tribunal decidió resolver este punto cuando cuenten con información de las policías respecto de su situación.

Asimismo, el comunero Cristian García Quintul, también representado por el Centro de Investigación y Defensa CID Sur, al no haber sido notificado de la fecha de audiencia, hizo uso de su derecho de no participar del juicio y el tribunal debió reprogramar el mismo para el 9 de marzo de 2015.

ALEGATO DE APERTURA
En su alegato de apertura, Luis Soto, quien representa a los machis Millaray Huichalaf y Tito Caniulef, además de los comuneros Fenix Delgado y Francisco Jonas Huala, reafirmó que prácticamente toda la prueba que presentará el Ministerio Público en el juicio -tanto la levantada en la casa de la machi Millaray Huichalaf como la entregada por al Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) “son ilegales, tal como lo determinó en su oportunidad el Tribunal de Garantía de Río Bueno”, indicó.

El abogado relató que en el primer caso, la orden judicial expresamente autorizó la entrada pero no el levantamiento e incautación de evidencia. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valdivia reincorporó esa prueba, porque consideró que se trató de un error de transcripción.

“Enfatizo esto por eventuales recursos pendientes por vulneración a garantías fundamentales como la inviolabilidad del hogar”, deslizó el defensor público.

Asimismo, aseveró que la ANI investigó a los imputados y a otras personas que nunca fueron acusadas desde 2012, un año antes de los hechos. “La ley establece que la agencia sólo puede actuar frente a grupos terroristas y organizaciones criminales transnacionales, pero el organismo investigó las actividades de oposición de diversos grupos mapuches a la instalación de hidroeléctricas en el río Pilmaiquen, lo que nada tiene que ver con actividades terroristas que justificaran su actuar. Por lo tanto, toda la información que vamos a escuchar aquí es espuria e ilegal”, planteó Soto.

Otro cuestionamiento a la investigación hecho por el defensor público fue la decisión del Ministerio Público de agrupar otras nueve investigaciones anteriores a los hechos del juicio, antecedentes a los que no había accedido la defensa.

Conminados a entregar esa prueba, dijo el abogado, “finalmente resultaron no ser 120 páginas como se dijo, sino 22 CD, 135 fotocopias de cadenas de custodia y casi 3 mil fotocopias de documentos. Esto no fue casualidad, ya que ante ausencia de prueba directa contra los acusados se pretende aquí generar prueba de contexto bajo la vieja premisa de que andarían metidos en estas cosas”, señaló.

AUTORIDAD ANCESTRAL
Por último, el defensor público dijo que en el juicio se intentará denostar y cuestionar la figura de la machi Millaray Huichalaf en su calidad de autoridad ancestral, ante lo cual su defensa pública desplegará prueba propia que ilustre este carácter.

En esa perspectiva, Soto también manifestó que tanto el tratamiento como la forma de aquilatar los antecedentes debe considerar el Convenio 169 de la OIT y toda la normativa legal vigente respecto de los pueblos originarios.

Durante el juicio oral -que se proyecta podría extenderse por unas tres semanas-, el Ministerio Público se encuentra esta semana presentando su prueba testimonial.

Se acusa como autores a Cristián García Quintul, Fénix Delgado Ahumada y Francisco Jones Huala, y como encubridores a los machis Millaray Huichalaf Pradines y Tito Cañulef Neipán, junto al comunero Alex Bahamondes. A Francisco Jonas Huala, en tanto, se le imputa además infracción a la Ley de Armas y a la Ley de Extranjería.

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