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Defensa penal pública expone falencias en la investigación del caso Municipalidad de Arica

12/11/2014

Contrainterrogatorio duró más de una semana

Defensa penal pública expone falencias en la investigación del caso Municipalidad de Arica

Luego de la declaración de uno de los testigos más importantes de la fiscalía, los defensores penales públicos del caso alegan falta de objetividad en el análisis de las escuchas telefónicas.

Por Daniela Tapia Méndez,
Periodista Defensoría Regional de Arica y Parinacota.

Ya han pasado cerca de tres meses y medio desde el inicio del juicio oral sobre supuesta corrupción municipal en Arica, escenario en que la Fiscalía prometió en su acusación que podría aportar pruebas para condenar, por once hechos distintos, a 17 personas naturales y a una persona jurídica.

Transcurrido este tiempo y habiendo presentado el Ministerio Público una parte importante de su prueba, los defensores penales públicos que participan insisten en que aún no se han podido demostrar los cargos de la acusación.

Así lo menciona Raúl Gil, defensor local jefe de Arica, quien explica que después de que declararan todos los funcionarios municipales ofrecidos por la Fiscalía -entre los que se cuentan encargados de control interno, múltiples personas involucradas en la ejecución de propuestas públicas y abogados, así como el Contralor Regional y funcionarios de Contraloría, además de uno de los dos testigos de la PDI referidos a las escuchas telefónicas, "no se ha dejado claro las acusaciones de la Fiscalía. Al contrario, se ha demostrado la poca rigurosidad de la investigación”.

ESCUCHAS TELEFÓNICAS
A cargo de la defensa de los imputados Arnaldo Salas y Enrique Orellana, Gil cuestionó un audio reproducido por la Fiscalía, en que aparece una conversación de Salas -acusado por negociación incompatible, asociación ilícita y otros delitos- con el empresario Ruperto Ojeda, acusado por cohecho.

En el audio, el testigo -inspector de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI- asegura interpretar “le llevo los 5”, a pesar de que los defensores presentaron tres veces la escucha en la audiencia pública y aclararon que decía “llego a las 5” de la tarde.

“Nos dimos cuenta que el trabajo del testigo consistió en interceptar conversaciones telefónicas y seleccionar escuchas, pero su trabajo no consistió en tratar de corroborar o investigar lo que él deducía de las escuchas”, aseguró Gil.

El defensor local jefe agrega que el funcionario policial realizaba su labor en sus oficinas de Santiago y que "sólo con estos antecedentes pretende armar una historia y sacar sus propias conclusiones, las que -contrastadas con documentos, informes y otras pruebas del juicio- resultan carentes de veracidad”.

Antonio Raveau, defensor público que también cuestionó el audio exhibido en la audiencia, afirmó que “estos supuestos pagos no han sido corroborados más allá de estas escuchas, las que tienen un contexto que hace variar totalmente su sentido. El propio policía que analizó las escuchas, Luis Navarrete, reconoció que éstas fueron su única fuente de información, debiendo hacerse, en nuestra opinión, una investigación más completa”.

SIN VÍNCULOS
El defensor público Hugo Peralta, quien representa al ex concejal Javier Araya y a los fiscalizadores municipales Sergio Navarro y Manuel Terrazas, expresó que en relación a este último “no hay escuchas telefónicas en las que participe. Un funcionario policial le atribuyó una escucha con el empresario Ruperto Ojeda, respecto de quien no tiene ningún vínculo. En el interrogatorio de la defensa se aclaró que no era el señor Terrazas quien participaba de esa conversación”.

Respecto de Navarro -último administrador del vertedero municipal durante la propuesta pública que partió en 2009-, el defensor Peralta aclaró que Raúl Arellano, fiscalizador de la Contraloría Municipal, dijo que Navarro fiscalizaba mejor y descontaba más horas que el administrador anterior.

“No hay ningún antecedente de que recibiera algún tipo de pagos del empresario, ni que estuviera coludido con éste. De hecho, en una escucha presentada queda claro que el empresario Jorge Frías no lo quería a él como administrador del vertedero”.

De acuerdo con las escuchas que podrían afectar a los concejales acusados -María Teresa Becerra, Patricia Fernández, Eloy Zapata y Marcela Palza-, el defensor penal público Gonzalo Valenzuela expresó que “el Ministerio Público solamente ha tratado -a través de escuchas y de la interpretación de un solo testigo- demostrar que mis representados recibieron dineros para votar de una u otra manera.

Para Valenzuela es relevante recordar que estos concejales pertenecen a diferentes partidos políticos, "porque, por ejemplo en el caso de doña María Teresa Becerra, a quien se le imputa un mayor grado de participación por haber sido mencionada en algunas escuchas, se aclaró que ella pertenece a un partido político opositor al del ex alcalde Sankán. De hecho, las escuchas confirmaron que ella misma intentó presentar una acusación por notable abandono de deberes para tratar de inhabilitar al alcalde”.

En su contrainterrogatorio y a través de otras escuchas telefónicas, el defensor público trató de demostrar al tribunal la existencia de conversaciones entre el empresario Jorge Frías y otras personas que le solicitaron dineros y que no fueron formalizadas, como sería el caso del ex diputado Orlando Vargas. En cambio, dijo, los ex concejales que representa llegaron a este juicio oral sin que existan escuchas en las que soliciten dinero al empresario.

TESTIGOS CLAVES Y POCOS ANTECEDENTES
En cuanto a Ruperto Ojeda, su defensor penal público, Antonio Raveau, indicó que “hasta el momento no existen pruebas concretas del supuesto soborno al alcalde. Tanto es así, que el principal interlocutor en las escuchas en las que se mencionan estos pagos deja claro en su declaración (prestada en este mismo juicio por videoconferencia) que estos supuestos pagos al alcalde eran poco creíbles, y los calificó como un invento para aplazar pagos que el señor Ojeda le adeudaba”.

En cuanto a sus representados Vargas y Hernándes, agregó que "a estas alturas del juicio no se ha presentado ningún antecedente que dé cuenta de algún vínculo inapropiado con Jorge Frías, más allá de especulaciones. Creemos que podremos repetir la absolución ya obtenida por el señor Vargas en el juicio anterior del vertedero municipal, esta vez respecto de ambas personas”.

Finalmente, respecto de Gerardo Gajardo, Raveau explicó que prácticamente no se habría presentado ninguna prueba en su contra en estos meses, pese a que se le acusa de lavado de dinero sólo por ser socio de Jorge Frías en una de sus empresas.

FUTUROS TESTIGOS
En lo que viene del juicio oral, la Fiscalía presentará ahora la segunda parte de las escuchas, donde se referirá a “partes bastante puntuales, en las que se refieren a una situación política que se daba en el momento, producto de la verdadera lucha por determinar o juntar votos para la sucesión del ex alcalde Waldo Sankán”, explicaron los defensores públicos.

Según el defensor Gonzalo Valenzuela, “todas las escuchas que se han reproducido y las que se reproducirán, deben entenderse desde la perspectiva de la votación para elegir alcalde suplente. Insisto en que no existen pruebas directas ni indiciarias de un incremento patrimonial, asociado a una supuesta votación para beneficiar a algún empresario o al alcalde. Esa prueba no está, ni estará en el juicio”, concluyó.

A pesar de que aún faltan pruebas de la Fiscalía por presentarse, también faltan las pruebas de las defensas públicas. Consultado sobre ello, el Defensor Regional, Claudio Galvez, explicó que “la Fiscalía ya ha mostrado gran parte de sus testigos, los que serían los más relevantes de la investigación, y no ha podido demostrar pruebas que acrediten la supuestos cargos. Creemos que es el turno de la defensa visibilizar que efectivamente hay acusaciones erróneas que se demostrarán con los testigos y eso nos permitirá dar fuerza a nuestras pretensiones”.

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