Sala de Prensa

19/12/2014

Tras un año en prisión preventiva

Absuelven de todos los cargos a carabineros del OS-7 en el 'caso Drogas' de Arica

Defensores penales públicos y abogados particulares comprobaron la inocencia de cuatro ex funcionarios de la Sección OS-7 de Carabineros de Arica y tres civiles, acusados por la Fiscalía de Arica de los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y falsificación.

Por Daniela Tapia Méndez,
Periodista Defensoría Regional de Arica y Parinacota.

Con una sala repleta de prensa y de familiares de los detenidos, el Tribunal Oral en lo Penal de Arica dio inicio, a las 16 horas de hoy, de la lectura del veredicto de uno de los casos policiales más emblemáticos en Arica, donde el Ministerio Público acusó, el pasado 25 de noviembre del 2013, a siete personas, entre las que se encuentran cuatro ex funcionarios de la Sección OS-7 de Carabineros de Arica y a tres civiles, por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita, falsificación e infracción al artículo 229 de Código Penal.

Luego de una hora de lectura del veredicto, el Tribunal de Arica decidió absolver de todos los cargos que imputó la Fiscalía a los siete acusados, lo que permitió demostrar la inocencia del mayor (R) Victor Rodriguez Huerta y el capitán (R) Leonardo Vilches Sepúlveda -representados por el defensor particular Alejandro Peña-, del sargento (R) Nelson Gavilán Santos, representado por la defensora penal pública Paola Sepúlveda, y del sargento Fernando Vidal Fabres, representado por el defensor penal público Alejandro Cox.

Todos los imputados quedaron en libertad luego de un año de prisión preventiva, excepto el sargento Vidal, quien sigue activo como funcionario de Carabineros. 

“Desde el primer día, mi representado no tenía ninguna participación dolosa en estos hechos y siempre pensamos que las actuaciones llevadas por la institución policial era lícitas. Es por ello que era el único carabinero que estaba en ejercicio de sus funciones y es el único policía que no lograron dar de baja por motivo de este procedimiento”, explicó Alejandro Cox.

En tanto, de los civiles acusados fueron absueltos el transportista F.S.R., representado por el defensor privado Esteban Basaure; el chofer L.G.F., defendido por Carlos Opazo, y el civil F.A.Y., representado por el abogado particular Renato Solar.

VEREDICTO
En el veredicto, el tribunal informó de la absolución de todos los cargos imputados por el Ministerio Público y aclaró durante la lectura que los hechos fueron parte de un procedimiento policial dirigido por y bajo el conocimiento del fiscal Manuel Gonzalez, confirmándose así que él concía la diligencia y autorizó el ingreso del informante con la droga en el procedimiento de septiembre. También se pudo acreditar por el tribunal que el procedimiento del 5 de agosto contaba con una orden escrita por el fiscal.

En segunda instancia, los jueces destacaron que nunca hubo riesgo de afectación a la salud pública ,sino que se trató de un procedimiento policial en que la droga estuvo custodiada y luego fue destruida en su totalidad. Por último, se ratificó en el veredicto que los únicos responsables de tráfico fueron los extranjeros dejados en libertad por la Fiscalía.

Frente a esto, la defensora penal pública Paola Sepúlveda expresó que se recorrió “un largo camino para llegar a la verdad, y ésta es que ningún funcionario policial traficó, que ellos solamente participaron en un operativo policial, que si bien pudo tener algunos errores, en ningún momento significó tráfico”.

Agrega que su representado fue privado de libertad durante un año y quince días, “lo que ha significado una merma en él, un perjuicio al ser sargento y que de un día para otro fue formalizado siendo que él, en el momento que se hizo ingreso de la droga, se encontraba de vacaciones, hecho que fue demostrado en el juicio y que el tribunal ponderó para la absolución. Finalmente fue un daño, ya que fue dado de baja por los dichos de la fiscalía en la audiencia deformalización. Claramente se cometieron muchas injusticias en su contra”, aseguró.

LOS HECHOS
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los ex funcionarios policiales habrían planificado supuestamente en dos oportunidades -durante 2013- la internación de dos grandes cargamentos de droga a nuestro país para, posteriormente, montar procedimientos de incautación flagrantes y con apariencia de legalidad en la frontera, lo que fue desestimado por los jueces al comprobarse que su implicancia en los hechos era bajo un procedimiento policial.

Asimismo, según la acusación, la indagatoria estableció la elaboración de partes policiales falsos y el uso de entregas controladas de droga sin la autorización del Ministerio Público, lo que se desestimó al comprobarse que el fiscal a cargo sí estaba en conocimiento de los procedimientos.

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