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23/02/2015
El 2 de junio se entregará la sentencia final, donde se conocerá la determinación de las penas
Defensoría logró la absolución de los delitos más graves en el 'caso Municipalidad de Arica'
De los delitos más graves que se imputaban, se logró la absolución por asociación ilícita y lavado de activos. En tanto, el defensor público de los ex concejales -condenados por fraude al fisco-, insistió en la inocencia de sus representados al decir que no existen pruebas concretas del ilícito.
Por Daniela Tapia Méndez,
Periodista Defensoría Regional de Arica y Parinacota.
Luego de seis meses de juicio oral y de la condena de 15 de los 17 acusados por su implicancia en diversos delitos vinculados a la ejecución de varias licitaciones al interior de la Municipalidad de Arica, los defensores penales públicos de Arica y Parinacota lograron la absolución de uno de los delitos imputados al empresario Ruperto Ojeda y a Enrique Orellana.
En tanto, Waldo Sankán, Jorge Frías, Javier Araya, Fernando Vargas, Rodolfo Hernando, Arnaldo Salas, Hector Arancibia y Rodrigo Ortiz fueron absueltos por los delitos más graves por los que fueron acusados: asociación ilícita respecto de todos ellos, y también lavado de activos en el caso de los dos primeros.
En el veredicto se mencionó que “en efecto, con la prueba rendida en juicio no existen antecedentes que permitan acreditar los elementos requeridos para configurar una asociación ilícita. Por el contrario, se rindió prueba en contrario, que no permite entender que existe un sentido de pertenencia en todos los integrantes, ni que exista un plan común”.
La Defensoría Penal Pública pudo demostrar la falta de pruebas y obtener por ello la absolución por el delito de nombramiento ilegal del ex funcionario municipal Enrique Orellana y del empresario Ruperto Ojeda por el delito de uso malicioso de instrumento privado, el que no se pudo acreditar según la sentencia leída por los magistrados del tribunal oral en lo penal -integrado por el juez presidente Mauricio Vidal y los magistrados Guillermo Gutiérrez y Mauricio Petit-, en la que expresa que “no se ha demostrado que la disposición patrimonial derivada de tal acción haya ocasionado en definitiva un perjuicio para el municipio, como erróneamente sostiene la acusación”.
CONFORMIDAD
Respecto de las absoluciones de sus defendidos, el defensor local jefe de Arica, Raúl Gil, expresó su conformidad “por mi representado Enrique Orellana, quien resultó absuelto de todo cargo. O sea, él nunca debió haber pasado por estos tres años de sufrimiento, donde también estuvo detenido en la cárcel. Y también de mi representado Arnaldo Salas, que resultó absuelto del delito más grave que le imputaban, que es un fraude al fisco. Eso es un gran logro para la Defensoría, que trabajó incansablemente para demostrar la inocencia de los involucrados”.
A través de cuatro defensores públicos, la Defensoría asumió la representación de 14 imputados. Raúl Gil representó a los ex funcionarios municipales Arnaldo Salas, Enrique Orellana y Héctor Arancibia; Hugo Peralta defendió al ex concejal Javier Araya y a los fiscalizadores municipales Sergio Navarro y Manuel Terrazas; Antonio Raveau defendió al empresario Ruperto Ojeda y a los funcionarios Fernando Vargas, Rodolfo Hernández y Gerardo Gajardo, éste último socio de Jorge Frías y quien fue absuelto también por otro de los delitos graves, el lavados de activos.
Según la sentencia, “en la especie la prueba rendida no tiene estándar para acreditar que los acusados realizaron las conductas descritas en la acusación. Es más, la propia prueba de cargo elaborada por el perito Altamirano concluye que todos los acusados, salvo Frías, contaban con los ingresos que permitían justificar sus inversiones”.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
En tanto, el defensor público Gonzalo Valenzuela, quien representa a los ex concejales -condenados por fraude al fisco-siguió sosteniendo la inocencia de éstos, al declarar que no hay pruebas concretas del ilícito posterior a la lectura de sentencia.
“Dejar en claro, que la presunción de inocencia sigue vigente. Este es un fallo que se debe revisar, donde el tribunal se va a tomar tres meses para analizarlo, pero de lo que pudieron señalar me caben mis dudas; cuáles son los montos, cuál es el hecho”.
“Cuando se habla de un cohecho no indican cuál es el monto a la persona que se le ofreció, no indican cómo se ofreció, no indican cuál es el valor estimado del fraude al fisco, que en este caso es el hecho n°4, declarado como frustrado. En ese sentido, quedan más dudas que certezas y hay que esperar a analizar el fallo, pero haciendo presente que este fallo no significa que se hayan ejecutoriado las cosas. Por ello, sigue el principio de inocencia vigente respecto de todos mis representados”, expresó.
Consultado sobre su conformidad con los resultados, Raúl Gil explicó que “es muy pronto para dar una respuesta definitiva. Ya se esboza por varias defensas que habrá recursos y es un tema que vamos a ver cuando tengamos la sentencia definitiva en la mano. La defensa que asumió la Defensoría Penal Pública estuvo a cargo de cuatro defensores y la verdad es que todos hicieron un trabajo muy profesional, en pro del servicio público de calidad, digno de destacar”.
La sentencia será redactada por el magistrado Guillermo Rodriguez y la comunicación del fallo se realizará a las 13 horas del 2 de junio próximo, momento en que se conocerán las penas determinadas por cada delito.
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