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Columna: La convicción de defensor

09/11/2007

Columna: La convicción de defensor

Por: Erwin Neumann Montecinos, Defensor Regional de Aysén

Desde hace ya algún tiempo hemos escuchado algunas encendidas voces que reclaman y presionan por un endurecimiento de las penas o por reponer prácticas arcaicas y ya abandonadas, como es la privación de libertad sin mayor argumento que la simple sospecha subjetiva.

El argumento para este tipo de solicitud se sustentaría en un incremento de la delincuencia o la falta de facultades de las policías y fiscales, ya que, desde luego, siempre resulta beneficioso adherir a estas posturas en lugar de hacer un análisis profundo de la realidad de nuestro país, de nuestro rol como ciudadanos y de nuestro rol como fiscalizadores del sistema procesal penal.

En mi opinión, estas voces olvidan que la instauración de la Reforma Procesal Penal ha significado en la práctica un avance notable en nuestro sistema de Justicia Penal. Efectivamente, gracias a su implementación, parece claro que nuestra comunidad ha sido fortalecida, dotando al sistema de justicia de recursos que antes no poseía, y que fueran destinados para crear y poner en funcionamiento un órgano encargado de la investigación y de la persecución penal, con lo que finalmente se concentró a los jueces, de manera exclusiva, en su tarea de juzgar.

Sobre todo quiero destacar que la Reforma Procesal Penal dio acceso igualitario a todas las personas: las víctimas tienen hoy representación en el Ministerio Público- institución que trabaja en conjunto con las policías, con el Servicio Médico legal, con el Registro Civil y otros organismos que se ponen al servicio de sus investigaciones.

Asimismo, para las personas imputadas de delitos se estableció una defensa de buen nivel profesional cuando sean perseguidos o investigados por cualquier delito. De esta manera, poco a poco, se ha ido dejando de lado una antigua creencia, no siempre justificada, que señalaba que sólo los pobres eran condenados y los ricos y poderosos absueltos.

Hoy todos tenemos la posibilidad de hacer efectivo, de manera transparente y en un proceso oral y público, el principio de inocencia que nos favorece. La ganancia social entonces es clara, toda vez que se obtiene una decisión judicial, garantizando a todos los actores - tanto víctimas como imputados - que sus derechos son respetados y más aún, con la posibilidad de presenciar cómo se gestan y acreditan las resoluciones que los afectan.

Ante los clamores de mayor rigidez, persecución reforzada y aumento de penas, siempre debemos recordar que verse envuelto en un hecho que revista las características de delito es tan fácil como respirar. Es por esta razón que es tan importante hacer valer, desde un comienzo, los derechos de las personas; en este caso el derecho a la presunción de inocencia y de contar una defensa de calidad.

Cuando hablamos de los derechos de los imputados, cuando hablamos del derecho a defensa, nos referimos a los derechos que nos asisten a todas las personas por igual, ya que en el momento menos pensado - por un accidente o una situación desgraciada - podemos ser objeto de una investigación en el sistema procesal penal y entonces querremos que nuestros derechos sean reconocidos.

Pensemos por un minuto. Recordemos nuestras experiencias personales, familiares o de amigos y llegaremos a la inevitable conclusión que "Nadie está totalmente libre de pasar por un trance parecido, esto es, de caer preso o ser perseguido, investigado o imputado", entonces necesitaremos de todos los derechos y garantías que hoy se quiere limitar.

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