Sala de Prensa

29/04/2015

Involucra al Defensor Nacional, a su jefa de gabinete y a todos los defensores regionales

Ley del lobby comenzó a operar ayer en la Defensoría Penal Pública

El jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, Álvaro Paredes, será el administrador institucional para el funcionamiento de esta normativa en la Defensoría.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

De acuerdo con el cronograma previsto, la Defensoría Penal Pública se sumó ayer a las instituciones en que ya se encuentra plenamente vigente la normativa regulada por la Ley N° 20.730 y su respectivo reglamento, que regulan el lobby y las gestiones particulares ante autoridades y funcionarios. Por lo mismo, estas reglas ya son aplicables tanto a la Defensoría Nacional como a las dieciséis defensorías regionales del país.

Entre otras cuestiones esenciales, la norma define al lobby como “una gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular para influir en las decisiones que deban adoptar los ‘sujetos pasivos’ respecto de los actos y decisiones reguladas en la ley”. Agrega que si la actividad no es remunerada, se llama ‘gestión de interés particular’.

Por lo tanto, obliga a todas las instituciones públicas incluidas a ofrecer ‘igualdad de trato’ a las personas, organizaciones y entidades que soliciten audiencia o reunión sobre una misma materia, bajo el criterio de máxima transparencia.

En detalle, el cuerpo legal considera ‘sujetos pasivos’ de la normativa al Defensor Nacional, Andrés Mahnke; a su jefa de gabinete, Daniela Báez; a todos los defensores regionales y, además, a todo otro funcionario que la máxima autoridad institucional determine por resolución fundada, atendiendo a que en razón de su función o cargo tiene atribuciones decisorias relevantes o influye decisivamente en quienes tienen dichas atribuciones y reciben por ello una remuneración regular.

AUDIENCIAS, REUNIONES Y VIAJES
Álvaro Paredes, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica y administrador institucional de la llamada ‘Ley del lobby’ en la Defensoría, explicó que “por lo tanto, todos ellos estarán obligados a registrar sus audiencias, reuniones y los viajes que realicen, así como todo donativo que reciban”.

Agregó que mediante la dictación de la Resolución Exenta N° 160, del reciente 20 de abril, se desarrolló en la Defensoría la institucionalidad que servirá como soporte jurídico y operativo para la aplicación de esta ley, junto con determinar a los funcionarios que tendrán a su cargo la correcta y oportuna aplicación de la normativa, incluyendo su propio nombramiento.

Así, Paredes será el encargado de administrar a los usuarios del sistema y apoyar a los sujetos pasivos en la gestión y publicación de sus registros de agenda pública. También deberá coordinar a los demás funcionarios encargados de la aplicación de la Ley N° 20.730.

Un rol similar tendrán, en cada defensoría regional, los respectivos asesores jurídicos regionales, mientras que las asistentes administrativas de cada defensor o defensora regional, serán las encargadas de alimentar e ingresar los datos a cada uno de los registros exigidos por la ley. 

“Entramos al sistema según lo previsto. El 28 de noviembre de 2014 lo hicieron los ministerios, subsecretarías, las embajadas, los comandantes en jefe y el subjefe del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas, el general director de Carabineros, el director general de la PDI y sus encargados de adquisiciones. Ayer entraron los directores de servicio y sus jefes de gabinete, los respectivos directores regionales, los intendentes, gobernadores y seremis. El 28 de agosto entran en vigencia los consejeros regionales y los secretarios ejecutivos de estos consejos, los alcaldes y concejales, los directores de Obras y los secretarios municipales”, explicó Álvaro Paredes. 

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