Sala de Prensa

04/05/2015

El Defensor Nacional rindió cuenta pública de la gestión 2014:

“La presunción de inocencia debe respetarse no sólo para las personas con más recursos y posibilidades”

Andrés Mahnke cuestionó el “uso exagerado” de la prisión preventiva y consideró prioritario que la Defensoría cuente con autonomía constitucional.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

Resaltando los criterios de calidad y especialización, que caracterizan el actuar cotidiano de todos quienes trabajan en la institución, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, encabezó hoy la Cuenta Pública Anual de la Defensoría Penal Pública, contexto en que resumió los principales hitos de la gestión desarrollada el año pasado.

Durante su exposición, Mahnke entró directamente al debate generado en torno a la exposición pública de diversas audiencias judiciales en casos de connotación y destacó la importancia del derecho a defensa y, sobre todo, del principio constitucional de la presunción de inocencia.

En torno a lo primero, advirtió que “la defensa penal pública no es una manifestación de la política asistencial del Estado, pues con ella “se encarna día a día el derecho fundamental de tener defensa jurídica, el que es garantizado por la Constitución Política como un derecho fundamental, expresión de la igualdad de todas las personas ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado”.

Luego explicó que si bien la presunción de inocencia es un principio que “debiera garantizar que durante un juicio se pruebe la culpabilidad de un imputado y no la inocencia de una persona acusada de un delito”, las cifras del período muestran que de las 342 mil 366 personas atendidas por la Defensoría en 2014, 45 mil fueron absueltas o no condenadas y 2 mil 462 estuvieron en prisión preventiva o internación provisoria durante el proceso penal.

Ello “sostiene la preocupación de la institución por la utilización exagerada de una medida que, a todas luces, se usa más de lo necesario, apareciendo incluso como pena anticipada en muchos casos”, señaló.

Según el Defensor Nacional, “líderes de opinión y autoridades del país han hecho un llamado a la ciudadanía para resguardar la presunción de inocencia, lo cual nos parece muy pertinente y adecuado pues, como ya se dijo, es uno de los pilares de nuestro sistema de justicia penal. Sin embargo, encontrándose la presunción de inocencia en el centro del debate, es necesario recalcar que esta garantía debe respetarse no sólo para las personas con más recursos y posibilidades”.

DELITOS Y PREJUICIOS
Andrés Mahnke llamó la atención sobre el hecho de que la incidencia específica de mujeres, jóvenes, indígenas y migrantes en el total de delitos de 2014 no varió mayormente respecto de 2013 y años anteriores, como tampoco ocurrió con los delitos principales registrados en el período: lesiones (19,7 por ciento), hurtos (13,6 por ciento), delitos contra la libertad e intimidad de las personas (12,7 por ciento) y delitos de la Ley de Tránsito (10,3 por ciento), los que en conjunto suman más del 55 por ciento de los delitos asociados a causas ingresadas durante el año.

A partir de lo anterior mencionó dos conclusiones relevantes: la primera, que los delitos de mayor connotación social mantienen una incidencia numérica y porcentual baja, lo que refuerza la idea de que la chilena “sigue siendo una sociedad básicamente segura, pues no predominan los delitos violentos. Lo anterior no promueve la complacencia, sino que busca objetivar el correcto diagnóstico de nuestros fenómenos sociales, para orientar, con bases sólidas, políticas públicas eficaces”.

Y segundo, que “el prejuicio en cuanto a que el aumento de ciertos delitos respondería al crecimiento de la población de migrantes residentes en Chile no tiene ningún sustento real. De hecho, las cifras oficiales indican que los extranjeros representan el 2,5 por ciento de la población total, la incidencia de éstos en el total de delitos ingresados es de sólo 1,6 por ciento”, afirmó.

‘PRIMERIZOS’
El Defensor Nacional cuestionó directamente el proyecto de ley que busca mejorar la aplicación efectiva de penas para delitos contra la propiedad y advirtió que “de aprobarse la actual propuesta, se afectará particularmente” a quienes, sin antecedentes, son condenados por estos delitos, porque estos “primerizos”, que representan el 35 por ciento de usuarios atendidos por la institución, deberán cumplir con un año de privación de libertad efectiva aunque se les condene a una pena sustitutiva, “lo que provocará que entren tempranamente al sistema penitenciario, con el consecuente contacto criminógeno que ello implica”.

AUTONOMÍA INSTITUCIONAL
Andrés Mahnke comentó también que tras 15 años de exitosa vigencia de la reforma procesal penal, “el país está preparado y demanda” el perfeccionamiento del sistema procesal penal, en este caso a través de un “fortalecimiento”, que dote a la Defensoría de una autonomía constitucional que consideró “prioritaria”.

“Nuestra Constitución garantiza el derecho a defensa” (…) se señala que ni siquiera la perturbación de este derecho puede estar permitida. Son demasiados los riesgos y los costos que como sociedad pagaríamos si la autoridad pudiese limitar el ejercicio de la defensa. Todos los resguardos que tomemos para evitar este riesgo son necesarios y, por lo tanto, una obligación para todos. Cuando siquiera existe una posible amenaza o una debilidad institucional que pueda ampararla, aunque sea remota y se vea de imposible materialización, estaremos aceptando que quedamos expuestos a ese peligro y debemos representarnos todas las consecuencias que un hecho de tanta gravedad traería para un estado democrático de derecho como es el chileno”, concluyó.

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